El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery, señaló que la ley aprobada en la Asamblea Legislativa que otorga autonomía a la institución, refleja el interés de la clase política en salvaguardar los intereses y la autonomía de la institución que sirve de árbitro a esa misma clase política.
De acuerdo con el magistrado, el interés de todos los partidos políticos es que el Tribunal Electoral dependa lo menos posible de los gobiernos de turno.
Según Valdés, esta ley lo que permite es agilizar los mecanismos para utilizar los dineros que se tienen en el presupuesto, ya que en la actualidad cuando se trata de implementar un traslado de partida, aún siguiendo los lineamientos, requiere de un largo proceso burocrático que significa ir al ministerio de Economía y Finanzas, a la Asamblea Legislativa y posteriormente a la Contraloría.
También agiliza los cambios en la estructura de personal, ya que en cuestiones meramente internas, en estos momentos para hacer un cambio de este tipo, hay que solicitar permiso a la Carrera Administrativa, luego informarlo al Ejecutivo para que se saque una resolución, pero ahora se hará en forma interna.
Explicó que con la ley actual los créditos adicionales que se puedan requerir y que el mismo Tribunal Electoral genere, deben ser pasados por el Organo Ejecutivo y ahora será más expedito.
Explicó que esta ley no da más recursos a la entidad, sino que la intención es dotarla de forma permanente de los mínimos recursos que garanticen la continuidad del funcionamiento de la institución con su estructura actual y que le permitan cumplir con sus responsabilidades en periodos no electorales.
Explicó que el Tribunal Electoral, debe cumplir con los programas de recedulación y sobre todo tiene ahora la responsabilidad de darle seguimiento a los recursos que se han puesto a disposición de los partidos políticos, creando el departamento de Subsidio Electoral.
Explicó que en estos momentos el presupuesto de funcionamiento de la institución es de 14.5 millones de balboas, excluyendo los 1.8 millones que se asignan para los partidos políticos.
Sin embargo, acotó que el Tribunal Electoral necesita de 1.4 millones adicionales, que serán destinados para iniciar un proceso de modernización de las direcciones provinciales, que actualmente están en mal estado y para cubrir los servicios básicos.
Con esta ley, aclaró Valdés Escofery, el control previo de la Contraloría General de la República se mantendrá, aunque en tiempos electorales se podrá hacer una flexibilización para dar mayor libertad al tribunal y eliminar la posibilidad de estar sometidos a injerencias externas en un proceso electoral.
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