Como una campaña malintencionada, de desprestigio y de falsas acusaciones a su persona catalogó ayer el director del Registro Público, Luis Barría, los señalamientos que lo involucran con el supuesto cobro de cuotas a los empleados de la institución.
Los dineros iban a la cuenta de la Asociación pro Desarrollo de la Comunidad Rural (Aprodec), vinculada a Barría, sus familiares y amigos cercanos.
Barría utilizó el contraataque como estrategia para tratar de salir del mayor escándalo que ha tenido en sus dos años al frente del Registro Público.
Tras ello, acusó directamente a Alexis Cano, subdirector de esa entidad y miembro de Cambio Democrático (CD), de querer empañar su imagen y el de la institución.
Barría, acompañado por una gran cantidad de funcionarios del Registro Público, denunció que Cano está implicado en un caso de falsificación.
“Cómo puedo yo tener un subdirector, no importa del partido que sea, que está siendo investigado por la fiscalía”, manifestó Barría.
El director del Registro Público envió a Cano de vacaciones desde principio de este mes, pero ayer anunció que una vez regrese será destituido.
“Pedí automáticamente que se hiciera una auditoría y se encontró que Cano tenía 2 mil expedientes sin tramitar en el despacho”, agregó Barría.
Sin embargo, el director del Registro Público evitó ayer entrar en detalles del porqué un grupo importante de funcionarios de su institución se convirtió en donante regular de Aprodec, desde el año pasado. A esta lista de aportadores se suman mensajeros y personal de mantenimiento que tienen salario mínimo.
Tampoco explicó a fondo cómo jefes del Registro Público fueron y son directivos de Aprodec. Incluso, la subdirectora administrativa del Registro Público, Nixia Rangel, es una firmante autorizada en la cuenta que tiene Aprodec en la Caja de Ahorros.
Rangel salió ayer en defensa de Barría y dijo que la auditoría que está realizando la Contraloría en el Registro Público no se debe al caso del supuesto cobro de cuotas. “Ellos no vinieron producto de las publicaciones, sino porque todavía no nos habían hecho una auditoría desde que llegamos”, indicó Rangel.
Sin embargo, Elisa Lombana, vocera de la Contraloría, dijo el miércoles que la auditoría incluía el escándalo de las cuotas y el resto de la gestión de Barría en el Registro Público.
Por su parte, Cano indicó que Barría está utilizando como estrategia la contraofensiva para desviar la atención del tema central que es el cobro de cuotas a los funcionarios del Registro Público. “Él no ha podido explicar esto”, dijo.
Cano afirmó que muchas personas se han acercado a él para confesarle que fueron obligadas a dar parte de sus salarios a la cuenta de la asociación, “pero no lo hacen público por temor a ser despedidos”.
Ayer los testigos, Leonardo Castillo, funcionario de la institución, y Vitelio Ortega, ex secretario del Registro Público, se ratificaron en el cobro de cuotas a los trabajadores para la campaña de Barría.
Ambos coincidieron con los nombres, la cuenta bancaria y una reunión realizada en marzo del año pasado donde supuestamente Barría y sus colaboradores cercanos pidieron a un grupo importante de empleados del Registro Público que aportaran parte de su salario para la política del 2014.
