El terreno que ocupa actualmente la Unión de Transportistas de Torrijos Carter (UTRATOCA), será licitado próximamente por el Banco Hipotecario Nacional (BHN), informó el gerente de la entidad estatal, Ernesto Fernández.
El área de 5 mil metros, cuyo costo según los avalúos está cerca del medio millón de balboas, fue alquilada por el BHN a los transportistas de la ruta Torrijos-Carter en noviembre de 1999, a razón de B/.1,050 al mes, sin embargo, el contrato fue rescindido por la institución en junio del 2002, ya que para esa fecha los trabajadores del volante tenían una morosidad de B/.13,670.
Posteriormente UTRATOCA entra en un litigio con otra empresa que procede a dictar un secuestro y la piquera es dirigida por un administrador judicial, sin embargo, la deuda con el banco sigue creciendo y ahora es de B/.26,680.
Fernández explicó que en un principio el BHN solicitó el desalojo, pero desistió de esa intención luego que considerara que la corregiduría de Belisario Porras no cumplió con el debido proceso y para no perjudicar a los miles de panameños que tienen que hacer uso de dichos buses para trasladarse hacia sus centros de trabajo.
Denunció que quienes están creando la zozobra y la incertidumbre no tienen nada que ver con UTRATOCA y lo que están intentado es que el banco alquile nuevamente el terreno, pero advirtió que este terreno será puesto en venta a través de una licitación pública.
Los transportistas de UTRATOCA protagonizaron el pasado lunes una protesta en la entrada de San Isidro, en la vía Transístmica, provocando un tranque de grandes proporciones.
Algunos de los cuestionamientos de la Contraloría de la República presentados mediante un informe al presupuesto del Seguro Social son que al 31 de diciembre de 2001, el estado de resultados muestra una utilidad por B/.72,264,246 y al 31 de diciembre de 2002, refleja una pérdida de B/.18,554,363.
El inicio de las pérdidas se observan reflejadas en los Estados financieros al mes de marzo del 2002, por un monto de B/.1,308,000.
Mientras que para marzo del presente año está pérdida está en B/.11,171,000 lo que demuestra un incremento de B/.9,863,000 en las pérdidas financieras al comparar marzo de 2002 con el 2003.
Sustentó que existen cuentas por pagar no registradas por un monto de B/.4,763,42, éstas incluyen entre otras operaciones, B/.1,526,836 de cuentas por pagar servicios internacionales; B/.613,982, hospedaje y alimentación; B/.381,674, servicios básicos; B/.66,327, arrendamiento y B/.2,174,609 pago a proveedores. También existen compromisos solicitados a través de reservas por más de B/.23 millones correspondientes a gastos de inversión y funcionamiento del período 2002, que no han sido reflejados.
El análisis de los auxiliares señala que la cuenta de equipo rodante incluye registros duplicados por la suma de B/.376,931.00 y omisión de registros por B/.174,849.
Los registros activos fijos presentan diferencias entre registros de contabilidad y el control de estos bienes por la suma de B/.50,345.480 donde los registros contables mantienen el mayor valor, afectando las estimaciones de las depreciaciones correspondientes a este rubro y la confiabilidad de la cuenta de activo fijo en los estados financieros.
Tanto Weeden como Latorraca plantearon que existe una "seria crisis" en la Caja de Seguro Social que debe ser atendida cuanto antes por su administración.
Otras de las irregularidades denunciadas por la Contraloría de la República es que existen cuentas canceladas desde 1998 por B/.15,522.07, que aún aparecen pendientes de pago.
Detalla que las cuentas por cobrar patronales a septiembre del 2002, que asciende a B/.49,194,104, incluye B/.13,960,410 en saldos créditos no usuales, que se originan por omisión de registros (se registra el pago de la deuda, sin haber registrado la cuenta por cobrar que sustenta el arreglo o convenio de pago) o por errores de captura. Esto afecta los saldos a diciembre del 2002.
Las principales fallas que enumera la Contraloría en el Seguro Social son cuentas omitidas, ya sea pagadas o no pagadas, diferencias en inventarios físicos, falta de registros en bienes patrimoniales, registros duplicados, entre otras.
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