Medidas para detener el financiamiento y el apoyo a las actividades terroristas así como mejorar el intercambio de información sobre organizaciones terroristas, son las principales cláusulas que establece la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre terrorismo.
Los mandatarios de Centroamérica, Panamá y Colombia, que se reunieron recientemente aquí expresaron su decisión de dar pleno cumplimiento a esta normativa internacional adoptada por la ONU tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos.
Con el fin de reprimir la financiación de actos terroristas, la norma tipifica como delito la provisión o recaudación intencional, por cualesquiera medios, directa o indirectamente, de fondos que sean destinados para perpetrar actividades terroristas.
En ese sentido, la resolución obliga a los Estados miembros de la ONU a congelar sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan, intenten, participen o faciliten actos terroristas.
Además, la misma medida alcanza a las entidades y propiedades que estén bajo control de estas personas, inclusive los fondos obtenidos o derivados de sus bienes, además los de las personas asociados con ellos.
Los Estados miembros deben abstenerse de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo, inclusive reprimiendo el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y eliminando el abastecimiento de armas a estos grupos violentos.
También insta a las naciones del mundo a que adopten las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, inclusive mediante la provisión de alerta temprana a otros Estados mediante el intercambio de información.
La norma establece que se debe negar refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo, o prestan apoyo a esos actos, o proporcionan refugios.
Se debe de impedir que entren en su territorio quienes financian, planifican, facilitan o cometen actos de terrorismo, agrega. Los países deben asegurar el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esas actividades, dice el documento.
La norma internacional pide a las naciones que impidan la circulación de terroristas o de grupos terroristas mediante controles eficaces en frontera y controles de la emisión de documentos de identidad y de viaje.
También exhorta a todos los Estados a encontrar medios para intensificar y agilizar el intercambio de información operacional, especialmente en relación con las actividades o movimientos de terroristas individuales o de redes de terroristas.
Los países deben de procurar que el estatuto de refugiado no sea utilizado de modo ilegítimo por los autores, organizadores o patrocinadores de los actos de terrorismo, y que no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa de denegación de las solicitudes de extradición de presuntos terroristas.
La resolución observa con preocupación la conexión estrecha que existe entre el terrorismo internacional y la delincuencia transnacional organizada, las drogas ilícitas, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación ilícita de materiales nucleares, químicos, biológicos y otros materiales potencialmente letales.
A ese respecto pone de relieve la necesidad de promover la coordinación de las iniciativas en los planos nacional, subregional, regional e internacional, para reforzar la respuesta internacional a este reto y amenaza graves a la seguridad internacional.
Por medio del acuerdo se establece un Comité del Consejo de Seguridad para verificar la aplicación de la presente resolución, con la asistencia de los expertos que se consideren apropiados, y exhorta a todos los Estados a que informen a dicha instancia las medidas que hayan adoptado para aplicar la presente resolución.
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