Como una "conspiración perversa para desestabilizar al Gobierno y en contra de la democracia" calificó la ministra de la Autoridad de la Mediana y Pequeña Empresa, Giselle Burillo, las supuestas provocaciones para que los bananeros bocatoreños fueran a huelga contra la Ley 30, y las posteriores denuncias sobre la desaparición del indígena Valentín Palacio.
La ministra añadió, en el programa Semana transmitido este domingo por la cadena TVN Canal 2, que la conspiración proviene de un grupo llamado "sociedad civil" que trabaja a "base de falsedades y acusaciones que no son correctas".
Para Burillo, "Lo que sucedió en Bocas del Toro... verdades a medias o verdades distorsionadas para que el sector de los trabajadores se avocara a esa manifestación tan terrible (...) y posteriormente, supuestamente se desaparece el señor Valentín (Palacio)", también puso en riesgo la imagen y la paz social de Panamá.
La titular enfatizó que pese a que los familiares de Palacio conocían de su paradero, hubo quienes reiteraron que éste había sido decapitado por el Gobierno. "¿Para qué seguir discutiendo si ya es obvio, evidente, que fue pura información pretenciosa para tratar de hacerle daño al gobierno...?", insistió.
La versión de las organizaciones
En su intervención en el mismo programa, Paco Gómez Nadal, de la organización Humans Rights Everywhere, sostuvo que las organizaciones civiles no señalaron que Palacio había sido decapitado, sino que denunciaron que éste había desaparecido, luego de las protestas en Bocas del Toro.
Agregó que en el informe que manejan las autoridades hay declaraciones que no fueron dadas por las organizaciones civiles, y que señalan que si (Valentín Palacio) aparecía muerto y se demostrara que estaba en manos de las autoridades, podría convertirse en el primer decapitado de este Gobierno. "Era en sentido figurado, pero ni la metáfora ni el humor cae bien en estos momentos", manifestó.
Por su parte, el sociólogo Raúl Leis consideró como "muy serias" las acusaciones de Burillo.
