Un proyecto de ley mediante el cual se busca regular el financiamiento de viviendas por medio de la figura del "leasing habitacional" o Ley de Arrendamiento Financiero de Bienes Muebles con Promesa Compraventa, presentó ayer ante el pleno de la Asamblea Legislativa, el ministro de Vivienda (MIVI), Miguel Cárdenas.
Por medio de esta misma norma se autorizaría a las entidades del Estado a "transferir, mediante fideicomisos", tierras de su propiedad para su uso en el desarrollo de proyectos habitacionales regulados a través de esta norma.
La figura del "Leasing Habitacional", no es más que el arrendamiento con opción de compra de un bien inmueble o una vivienda; actualmente el "leasing" sólo es aplicable para los bienes muebles.
El ministro Cárdenas afirmó que esta propuesta surge como alternativa para un 30 por ciento de la población panameña, aproximadamente 400 mil panameños que dependen de la economía informal y que no son sujetos a créditos para la adquisición de una vivienda.
Según el proyecto, la fuente de financiamiento provendría de entidades bancarias o financieras, públicas o privadas, que garantizaría un préstamo, mediante la figura de un contrato de arrendamiento de un bien inmueble de su propiedad o adquirido del Estado, mediante un fideicomiso.
Este arrendamiento, permitiría a los "arrendadores-compradores" obtener en un período no superior a los tres años, un historial de crédito bancario que respalde la adquisición de la vivienda a través de cualquier entidad financiera dedicada a préstamos hipotecarios.
Por medio del proyecto se crea la Comisión de Arrendamiento Financiero de Bienes Muebles que será la encargada de resolver cualquier conflicto que surja entre los arrendatarios y arrendadores en el marco de lo dispuesto en esta norma, mientras que el Estado jugará un papel de subsidiario y regulador.
El ministro Cárdenas dijo que la intención de este proyecto es incentivar al sector privado a ejecutar acciones que generen recursos económicos de beneficio para el desarrollo del país.
Tal alternativa surge ante la falta de recursos en el Estado para la construcción de viviendas de interés social que podrían beneficiar a quienes no son sujetos de un préstamo porque no tienen capacidad de demostrar un ingreso formal.
