En alerta roja se declaran los integrantes de la Cooperativa de Servicio de Transporte de Carga Serafín Niño, R.L., al rechazar el acuerdo que Panamá firmara con Centroamérica para poner fin a un conflicto relacionado con el manejo de carga en la región.
Los transportistas que tienen la sede cooperativa en Colón, indican que se reunieron anoche con representantes legales para plantear un posible recurso de inconstitucionalidad contra el acuerdo.
Hilario Urriola, presidente de la cooperativa, indica que el acuerdo se logró sin el consenso entre los "afectados", y que contrario a lo que afirman quienes lo firmaron, sí afecta el libre tránsito y perjudica la actividad de los nacionales.
"No hay tal reciprocidad de la que hablan", señala Urriola, explicando que los panameños están en desventaja con sus similares de Centroamérica porque el dólar es una moneda fuerte y no se puede decir lo mismo de las de los otros países.
Se refirió igualmente a la "presión" de sus colegas de la región, quienes los dejan dos días esperando turno y de ahí que surja el cobro de "coimas".
A su juicio, con el acuerdo no va a desaparecer este proceder, pues se podrá hacer sutilmente, recordando que se han registrado casos de que se arresta es a quien denuncia esta situación irregular y no al que la promueve.
"Ya en ese punto estamos en desventaja", indicó el transportista, quien reiteró que no pueden aceptar las negociaciones que no los incluyeron y que culminaron con el acuerdo firmado aquí en Panamá el pasado miércoles 21 de enero entre representantes del gobierno y del Sistema de Integración de Centroamérica.
Afirmó Urriola que tiene conocimiento que los transportistas de Chiriquí también han rechazado el compromiso pactado.
Criticó el presidente de la Cooperativa Serafín Niño que Panamá participe en la reglamentación del transporte en el área "sin haber tenido la capacidad de hacerlo dentro de su territorio".
"Hasta ahora ningún gobierno se ha atrevido a normar el servicio" pese a que los transportistas lo han solicitado desde hace años, sostuvo Urriola, quien agregó que a ellos les interesaría que hubiese un marco jurídico que establezca quiénes pueden ejercer, qué clase de negocio es y los demás aspectos importantes de la actividad.
Indicó que una de las situaciones más delicadas que debe reglamentarse es precisamente el conocimiento del contenido de la carga, pues actualmente Aduanas les prohíbe abrir los bultos que llevan en camiones y "mulas", por lo que se han registrado casos de drogas que involucran directamente a los transportistas y en los que son inocentes.
Los integrantes de la Cooperativa Serafín Niño se integrarán en comisiones para determinar "las acciones a seguir" por no tomárseles en cuenta para las negociaciones, según afirman.
La cooperativa cuenta con 356 miembros y cada socio tiene tres vehículos, en tanto que a nivel nacional se estima hay unos 6,000 transportistas que pertenecen a diferentes organizaciones.
