Los constantes ataques del Gobierno a los diarios del Grupo Editorial Panamá América (Epasa), denunciados en diferentes foros, obligó a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a que decidiera enviar una misión a Panamá para investigar la situación de la libertad de prensa en el país.
Desde la última reunión de la SIP, se han dado más ataques a Epasa.
Y es que la campaña de intimidación, denunciada por el presidente del grupo editorial, Ricardo Chanis, se ha incrementado desde la última reunión que celebró el organismo regional, en octubre pasado.
En su informe sobre Panamá, con motivo de la Asamblea General de medio año, celebrada en Antigua, Guatemala, se hace mención a los comentarios vertidos por el diputado panameñista Jorge Iván Arrocha, quien en varias sesiones del pleno de la Asamblea, pidió al Ministerio Público que se investigara la forma en que fueron adquiridos los periódicos de Epasa.
A juicio de la SIP, en un pronunciamiento previo, "(los comentarios) parecieran que solo tratan de levantar sospechas con la intención de generar una forma sutil de intimidación y de censura", ya que se hicieron en momentos en que estos medios denunciaban actos de corrupción de parte de funcionarios del Gobierno.
También se añade en el documento, lo relacionado a las publicaciones de varios mensajes del diputado panameñista, Adolfo Valderrama contra Epasa, a través de Twitter, cuando se divulgaba una serie de reportajes sobre contratos realizados por este para favorecer a una empresa de un familiar político.
El pasado mes de febrero, Chanis presentó una segunda solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fundamentada en lo que considera "ataques del Gobierno contra los diarios del grupo editorial", se cita en el informe de la SIP.
El organismo regional reiteró su preocupación por el proceso legal que se le sigue a Chanis, Fernando Correa y Riccardo Francolini, a quienes no se les ha respetado sus garantías individuales, en la investigación por un préstamo otorgado por la Caja de Ahorros, de la cual fueron directivos en el gobierno anterior.
A Francolini le fue impuesta la medida cautelar más severa, la detención preventiva, el 12 de octubre del año pasado, mientras que Correa se encuentra en libertad gracias a un recurso presentado por su abogado.
Interés
En las conclusiones de la Asamblea General de la SIP se manifiesta el interés del Gobierno por intervenir en los contenidos editoriales de la prensa en Panamá.
Se hace mención a la reglamentación de una norma sobre prevención de la violencia contra la mujer, del Ministerio de Gobierno, en la que se regulaba y hasta sancionaba a los medios de comunicación, por incumplir disposiciones allí contenidas. Esta iniciativa no llegó a presentarse.
También se menciona un anteproyecto que establecía una serie de obligaciones a los medios televisivos, radiales e impresos de pautar campañas promocionales y cívicas, que según los gremios periodísticos, era una clara acción de intervención en el contenido de las empresas informativas.
Se desconoce las fechas en que la comisión de la SIP vendrá a Panamá. La decisión fue aprobada en la clausura de la asamblea semestral, ayer.
