El Canal de Panamá no tiene un equipo específico para ataques terroristas sino que le corresponde a los organismos de seguridad del Estado garantizar la seguridad de la vía, informó ayer, Sergio Rodríguez, de la División de Protección de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
"Un ataque terrorista es algo imprevisto y en el tránsito de buques radiactivos participan los organismos de seguridad e inclusive son custodiados por el Servicio Marítimo Nacional", detalló Rodríguez.
Precisó que para estos tránsitos realizan un operativo especial que incluye todas las agencias de seguridad del Estado, a través del cual se le da cobertura a la nave durante todo su tránsito hasta que abandona la vía acuática.
De acuerdo con Freddy Chen, especialista en carga radiactiva, las medidas de seguridad que adopta el Canal demuestran que sólo se pueda registrar un accidente por un ataque terrorista.
"Para que se destruya un buque con carga radiactiva tiene que ser un ataque muy severo que pondría entredicho el sistema de seguridad del Estado", acotó Chen.
Explicó que el material vitrificado donde se transporta generalmente sustancias radiactivas no se disuelve en agua, no reacciona, no se quema ni se oxida.
Indicó que el año pasado transitaron un total de 12,854 buques de alto calado, de los cuales el 30.9% de los tránsitos llevaban algún tipo de mercancía peligrosa a bordo y aportaron en ingresos al Canal unos B/.280 millones.
Señaló que toda mercancía peligrosa tiene que cumplir con los reglamentos del Código IMDG (International Maritime Dangerous Goods) de la Organización Marítima Internacional.
Entre las sustancias peligrosas que transitan por el Canal figuran: explosivos (municiones, dinamita), gases (LPG, amonia), líquidos inflamables (gasolina, diesel), sólidos inflamables (carbón, azufre), oxidantes (nitratos), tóxicos (pesticidas, solventes clorinados), radiactivos, corrosivos (ácido sulfúrico, caústicas) y misceláneos (asbestos).
Por su parte, el presidente de la Junta de Inspectores, Miguel Rodríguez, indicó que hasta el momento no se ha interpuesto ninguna denuncia en los Tribunales Marítimos panameños por parte de las agencias navieras o propietarios de los buques, porque la ley establece que tienen que esperar dos años para agotar las investigaciones.
Planteó que no necesariamente porque la Junta de Inspectores inicia una investigación, significa que la ACP tendrá que pagar una indemnización a los afectados.
Sostuvo que en materia de indemnizaciones los pagos máximos por accidentes han alcanzado los B/.5 millones, pero esto bajo administración norteamericana.
