La presidenta Mireya Moscoso rechazó las acusaciones del ex legislador democristiano, José Hill, de que funcionarios que se separaron del gobierno para dedicarse a actividades políticas, siguen recibiendo pagos del Estado a través de la figura de "servicios profesionales".
Moscoso explicó que se trata de funcionarios que han solicitado vacaciones o tiempo compensatorio y están "fuera del gobierno".
Para aclarar la situación, la jefa del Ejecutivo dijo que le pidió a los funcionarios que envíen una nota al Fiscal Electoral explicando la situación.
Por otro lado, la presidenta señaló que por petición de la señora Graciela Mc Clain, entregó al presidente español José María Aznar, como representante de la Comunidad Europea, una carta para que interceda con el fin de lograr la liberación de la menor Daniela Vanegas McClain, quien está secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Agregó que la gestión se hará a nivel de la Comunidad Europea, por tanto Aznar se comprometió a realizar la gestiones para lograr la libertad de la menor de 14 años.
Las declaraciones de la mandataria se dieron durante el acto de inauguración de la Planta Potabilizadora de Pacora, que abastecerá de forma permanente a 120 mil personas del área de Pacora y Tocumen.
La presidenta cuestionó a los adversarios políticos que insisten en desconocer las obras de este gobierno y dijo que los candidatos presidenciales están hablando "boberías" porque el gobierno cumplió con el pueblo.
Con la puesta en marcha de la planta potabilizadora y que supone el suministro de agua de forma permanente decenas de comunidades de Pacora y Tocumen, la mandataria Moscoso señaló que de esta manera cumple la promesa hecha en 1999 de no privatizar el IDAAN y garantizar el suministro del vital líquido.
Otro de los acusados es Abelardo Muñoz, ex subjefe de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y tiene contrato de asesor por B/.3 mil mensuales. Es candidato a legislador suplente por el PA en el circuito 8-7.
La lista incluye además a Marcelino Castillo, Vidal del Mar y Argentina Arias. En este sentido, el fiscal Electoral, Gerardo Solís, manifestó que como los señalados son candidatos a puestos de elección popular, tienen un privilegio o fuero electoral, por lo que la Fiscalía pedirá al Tribunal Electoral una autorización para iniciar la investigación.
Sostuvo que en las averiguaciones se determinará si estas personas individualmente identificadas, han sido nombradas ahora bajo el subterfugio de la figura jurídica de asesor.
"Nosotros no vamos a permitir que se trate por medios velados y ocultos de disfrazar una situación para beneficiar a una persona que está corriendo políticamente", advirtió.
Enfatizó que la investigación se hará y de comprobarse este hecho, las personas serían condenadas a la pena de prisión, separadas del cargo si resultaran electas y serían inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas para cualquier otro cargo.
Según Solís, estas situaciones están tipificadas como un delito electoral al usarse los bienes y recursos del Estado para sufragar a personas que se están dedicando a la política tiempo completo.
Al ser consultado el presidente del PA, Germán Vergara, sobre la denuncia interpuesta en contra de su hija, este se negó a responder y se limitó a decir, "a sí, está bien".
Por su parte, el ministro de Trabajo aceptó que los funcionarios señalados están cumpliendo con la ley y prefirió dejar el tema en manos del fiscal Electoral.
"Yo me siento tranquilo que no hemos violado la ley en ningún momento. Nuestros abogados antes de hacer el cambio nos informaron que no había ningún choque con la legislación electoral", enfatizó.
Según Moreno, la norma electoral es aplicable a funcionarios de mando y jurisdicción y los funcionarios señalados, como Martín Sucre, no tienen mando y jurisdicción como para poder manipular la elección.
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