La denuncia la formalizó en nombre propio el jurista Andrés Moya, quien exigió al Ministerio Público que investigue a los funcionarios en mención, toda vez que tomaron acciones disciplinarias "amañadas" en perjuicio de estudiantes del "Nido de Águilas", sin estar facultados legalmente para recurrir a estas acciones.
Más de 12 estudiantes del IN fueron suspendidos y otros expulsados definitivamente del plantel, luego que una comisión investigadora supuestamente comprobó que participaron en protestas violentas.
Según Troya, la conducta de las autoridades educativas de trasladar al subsistema no regular formal a los jóvenes, constituye una desviación del Poder Constitucional otorgada a esa entidad.
"Esta acción no es una facultad asignada legalmente a la dirección Regional de Educación y la misma, viola el artículo 18 de la Constitución", advirtió el jurista.
El abogado denunció, además, que tanto Cañizales como el rector Daniels difundieron información académica de los educandos, a pesar que es confidencial por mandato de la Ley Orgánica de Educación. Los funcionarios dijeron que los manifestantes eran unos "fracasados".
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