Carlos Carrillo, representante legal de Riccardo Francolini, le exigió al procurador de la administración, Rigoberto González, que deje de intervenir en el proceso penal que se le sigue a los exdirectivos de la Caja de Ahorros (CA).
A través de una misiva, el jurista le recordó al funcionario, que él no está facultado para inmiscuirse en ningún proceso de tipo penal.
El jurista asegura que González ordenó al actual gerente general de la Caja de Ahorros, Mario Rojas, a través de una nota, emitida el 18 de de octubre de 2016, a que la institución bancaria se hiciese parte del proceso.
Esto, según Carrillo, contraviene las funciones del procurador de la administración y que incluso en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 y el Texto Único del Código Judicial, se precisa las facultades de este funcionario.
Carrillo también recordó que le compete a la Superintendencia de Bancos de Panamá "tomar las medidas pertinentes para corregir y sancionar, si fuera el caso, las decisiones y actos que tomen los directivos de la CA en el ejercicio de sus funciones".
Cabe señalar que en dicha carta, el abogado Carrillo le exige a González, que deje sin efecto la Nota No. DS-105-2016 por la cual se pide a los actuales funcionarios del banco estatal, ser parte del proceso.
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