Como procesos amañados que son parte de la persecución por parte del actual gobierno es calificado el caso contra exdirectivos de la Caja de Ahorros.
En ese sentido, la exministra de Trabajo Alma Cortés planteó que todo se trata de una persecución política, ya que a su juicio no son jurídicos estos procesos en contra del expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA) Riccardo Francolini y el exgerente general Jayson Pastor.
Agregó que se está viendo que el Ministerio Público (MP) está haciendo una investigación de actos que son totalmente administrativos y no son penalizados.
"No hay un solo abogado en el país, incluso la misma junta directiva de la Caja de Ahorros no se ha convertido en querellante en este caso porque no hay conducta delictiva, simplemente se aprobó un préstamo que se cumplió el pago con los intereses y en el tiempo correspondiente", sostuvo.
Explicó que fuera delito si se hubiesen apropiado indebidamente de un fondo, que no lo devolvieran, lo malgastaran y que no cumplieran con la obligación.
Por tanto, la abogada Cortés advierte que aquí no cabe ninguna medida cautelar de detención preventiva para nadie, y lo que más le llama la atención es que los allegados al gobierno del presidente Juan Carlos Varela están libres.
Denunció que por ello, Francolini y Pastor son unos secuestrados políticos porque la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, a través del Ministerio Público en conjunto con el Ejecutivo, están haciendo todos estos procesos amañados contra el expresidente Martinelli y a todos los que son del partido Cambio Democrático para perseguirlos.
"No nos queda la menor duda de que es para debilitar nuestro partido para tratar de destruirlo y que no sea un adversario y contrincante fuerte para el 2019", argumentó la exfuncionaria sobre los ataques.
Al empresario Francolini se le han negado todos los recursos a su favor, por lo que la defensa seguirá presentando otros medios, tanto nacional como internacional.
Carmen Boyd, del frente de trabajadores del partido Cambio Democrático (CD), fue clara de que este caso es la más grande aberración legal que ha podido dar en el país por parte del actual gobierno.
La militante del CD recordó la reciente revelación de que el Banco Nacional (BNP) también compró facturas a una empresa brasileña para el financiamiento de la Línea 2 del Metro de Panamá, y que esto no ha sido investigado como se ha querido hacer sobre el préstamo de la Caja de Ahorros en el 2012 al consorcio HPC-Contratas-P&V para la construcción del nuevo centro de convenciones de Amador.
"En el caso de Francolini y Pastor ha quedado más que comprobado que se cumplió con todos los requisitos y que se pagó todo", reafirmó.
A su consideración todo esto obedece a una venganza del actual gobernante panameño, quien es el que da las órdenes en el sistema de justicia.
"Piense muy bien lo que está haciendo", le recomienda Boyd a Varela.
El pasado 12 de octubre, al empresario Riccardo Francolini, quien es presidente de NEXtv, fue puesto bajo detención preventiva.
La fiscal primera anticorrupción, Tania Sterling, ordenó el 28 de octubre la detención preventiva del exgerente general de la Caja de Ahorros (CA) Jayson Pastor. Estos dos detenidos están siendo investigados por las supuestas irregularidades en un millonario préstamo otorgado en 2012 por la entidad bancaria al consorcio HPC-Contratas-P&V, para la construcción del nuevo centro de convenciones de Amador.
