La Unidad de Análisis Financiero (UAF) advirtió que no descarta ningún tipo de acción contra empresarios y políticos que estén vinculados a supuestas irregularidades cometidas por David Murcia Guzmán, porque "no vamos a cerrar ningún frente".
Una fuente de la entidad destacó a Panamá América que seguirán colaborando con las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, debido a que llegarán "hasta las últimas consecuencias".
La UAF le sigue la pista a Murcia en Panamá desde el 2006, cuando se determinó que este amasó una fuerte cantidad de dinero que era distribuida a diferentes bancos.
Esta distribución se daba bajo la protección de sociedades anónimas y empresarios que prestaban su nombre para representar las cuentas bancarias.
La fuente dijo que se investigó el "extraño" movimiento bancario efectuado por personas naturales y jurídicas que mensualmente abrían y cerraban cuentas millonarias, luego de que las entidades bancarias a mediados de ese año informaran sobre la anomalía.
Esa entidad del Consejo de Seguridad se comunicó con autoridades colombianas en el 2007 para que suministraran información sobre las empresas Grupo DMG.
Los primeros informes que reciben de Colombia revelan que Murcia manejaba grandes cantidades de dinero por medio de las llamadas "pirámides", en las que las personas supuestamente se beneficiaban con el 100 y 300% de ganancias de los movimientos bancarios que "el genio" de las finanzas realizaba.
"Todo operó con la captación masiva de dinero a través de la banca, bolsa de valores y otras formas, sin las debidas licencias de operación", sostuvo una fuente. Aseguró que nos encontramos ante una forma diferente de operar del crimen organizado: "Aquí hay un matiz muy especial".
Lamentó que en Panamá no se hubiera podido detener a Murcia en el 2007, porque no se le comprobó ningún delito o antecedente criminal, aunque reconoció que ya había una alerta desde Colombia.
"Ha sido difícil dar con sus empresas y propiedades, puesto que cuando detectaba que su negocio era muy notorio, de una vez sacaba su lista de sociedades anónimas para desviar el interés", afirmó.
Dos empresas panameñas en las que firmaba Murcia y su esposa Joanne León, presuntamente, recibieron dinero de la empresa Cambios y Capitales, vinculada al ex jefe del Cartel del Valle del Norte, Juan Carlos Ramírez Abadía, alías "Chupeta", preso desde 2007 en Brasil.
Niegan vínculos.
"No tengo nada que declarar", aseveró molesto el ministro de la Presidencia, Rafael Mezquita, luego de las insistentes llamadas de este diario para que aclarara sobre las declaraciones de Murcia de que tuvo seguridad del Servicio de Protección Institucional (SPI).
Dos horas después, la Presidencia emitió un comunicado en el que niega que el colombiano fuera beneficiado con la protección de la que goza el mandatario Martín Torrijos, su familia y a quien éste determine, como establece la Ley del SPI.
Mezquita dijo que quienes tengan pruebas que las presenten para proceder a investigar el ilícito, debido a que la única participación del SPI con Murcia fue durante su arresto y su conducción al Aeropuerto Internacional de Tocumen para "su pronta extradición".
"En los registros del SPI no aparece ningún servicio de seguridad brindado por miembros de la institución al señor Murcia o sus secuaces", sostuvo.
Mientras, Torrijos calificó de "absurdas y ridículas" las declaraciones del colombiano de que entregó B/ 6 millones a Balbina Herrera y a Roberto Velásquez.
El mandatario manifestó que Murcia trata de "afectar y perturbar" la clase política con afirmaciones que son "injustas con la democracia y el PRD".
Siguen las elecciones.
En tanto, el magistrado del Tribunal Electoral, Gerardo Solís, negó que el subsidio electoral que se entrega a los partidos políticos pueda ser usado para lavar dinero sucio, como dejó entrever Murcia.
"No se suspenderán las elecciones", afirmó, a pesar de que las autoridades ordinarias investiguen.
Enfatizó que aunque el Ministerio Público inicie un proceso contra algún candidato, este seguirá corriendo en el torneo electoral, debido a que la única sanción que tendría en el momento, sería de tipo moral.
Sin valor.
Para el Ministerio Público, las declaraciones de Murcia sobre la donación de B/ 6 millones a la campaña de Herrera y Velásquez no tienen ninguna validez, declaró su secretario general, Rigoberto González.
Además dijo que para que la entrevista tenga validez tiene que ser practicada por el funcionario de instrucción que lleva las investigaciones del caso.
