Caso Portugal pone en riesgo la institucionalidad democrática de la entidad

Las exmagistradas de la Cortes Suprema de Justicia, Esmeralda de Troitiño y Graciela Dixon, lamentaron la situación que se ha dado en la Defensoría del Pueblo, y coinciden que la misma pone en riesgo la institucionalidad democrática en esa entidad.

Troitiño señaló que la defensora del Pueblo, Patria Portugal, debe rendir cuentas como parte de la responsabilidad que tienen los servidores público.

No obstante, señaló en el programa Radar de TVN que es la oportunidad que tiene la Asamblea Nacional, para hacer lo propio con el resto de los funcionarios que han sido cuestionados por el desarrollo de sus funciones.

En tanto, Dixon dijo que el problema de la defensora del pueblo es la institución que representa, sin embargo, destacó la necesidad de investigar si hubo o no otras motivaciones no confesas que la han convertido en el blanco a atacar.

Dixos también rechazó el enjuiciamiento público en contra de Portugal, aclarando que no se le respetaron sus derechos al declararla culpable sin antes darle la oportunidad a defenderse.

Para la exprocuradora Ana Matilde Gómez, la vulnerabilidad de la defensora del Pueblo, no es su condición de mujer sino el hecho de no contar con el respaldo político.

Finalmente, la diputada del partido Cambio Democrático (CD), Dalia Bernal, aclaró que la Asamblea Nacional no está juzgando a Portugal, sino que al igual que el resto de los funcionario debía rendir un informe.

Bernal recordó que Portugal, estaba siendo juzgada tanto por los partidos político como por la sociedad en general y la Asamblea le dio la oportunidad de contestar a los cuestionamientos.

Igualmente, señaló que el presidente de la Asamblea le corresponde nombrar una subcomisión para que investigue los detalles del caso.

Portugal es cuestionada por la contratación del diseño de la página web de la Defensoría del Pueblo por un monto de 249 mil 875 dólares y 200 mil dólares en la capacitación del personal.