Algunos sectores interesados en retrasar la emisión de los Certificados de Participación Negociable (CERPAN) han informando que una vez se emita este documento puede ser embargado en el caso que los beneficiarios mantengan casos en la Asociación Panameña de Créditos (APC) denunció ayer el dirigente de los servidores públicos, Leandro Avila. Incluso se ha mencionado la posibilidad de que se incluya una norma en la reglamentación de la ley, a fin de establecer esta posibilidad.
No obstante, Avila, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), manifestó que han hecho una consulta a la Procuraduría de la Administración que les ha informado que no es posible. El dirigente sindical acusó a la directiva del Sistema de Ahorro y Capitalización (SIACAP) de estar en complicidad con las empresas administradoras y pagadoras para lograr que algunos se beneficien con esta actividad.
Mientras que Juan Jované, director de la Caja de Seguro Social (CSS), quien al igual que Avila participó ayer de una reunión en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa expresó que esperan que el aporte que ha hecho la institución a su cargo sea considerada al momento que se emita el CERPAN.
Según Jované, la CSS puso a trabajar a tiempo completo e incluso por horas extras a más de una docena de funcionarios que se encargaron de elaborar la base de datos sobre el monto que corresponde pagar a más de 250 mil panameños por los aportes que hicieron a lo que en su momento fue el Fondo Complementario.
Indicó que no se explica por qué no se ha empezado a emitir los denominados CERPAN ya que se ha concluido con más del 95% de las personas que conforman esta base de datos. Según el director de la CSS, lo que hace falta es la reglamentación de la ley y la elaboración de la addenda, mediante la cual se modifica el contrato que regula esta actividad.
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