El Estado panameño no ha cumplido a cabalidad la sentencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en lo concerniente a 270 funcionarios despedidos durante el gobierno del presidente Guillermo Endara. Para hoy se espera la resolución que lo notificará por escrito.
Así lo dio a conocer a El Panamá América el secretario general encargado de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Alfredo Berrocal, quien indicó que el "Estado está en mora" al haber enviado a la Corte un informe de cumplimiento de sentencia.
La entidad revisó ese informe y en su sesión de noviembre atendió "extraordinariamente la situación de Panamá por las osadías cometidas, sobre todo, al declararse en rebeldía en contra de la CIDH".
Más importante aún, dice Berrocal, es que la resolución que está por salir a la luz pública reitera el incumplimiento de la sentencia del 2 de febrero del 2001 y conmina al Estado a resarcir a los 270 afectados.
En ese sentido, subrayó que los 11 millones de dólares desembolsados en concepto de prestaciones económicas son "apenas un adelanto al pago total que debe otorgársele a cada víctima".
Advirtió al próximo presidente de la República que "se prepare porque le agrade o no deberá hacerle frente a un compromiso ineludible de unos 45 a 50 millones de dólares".
El grupo de trabajadores que presentaron ante la instancia internacional su caso pertenece a los empleados despedidos con base en la Ley 25 del 14 de diciembre de 1990, a la que Berrocal califica de "infame y oprobiosa".
Con ésta "se defenestró a la dirigencia sindical del sector público so pretexto de una vinculación a una sonada golpista a cargo del coronel [Eduardo] Herrera y fueron despedidos cerca de 2 mil funcionarios", añadió.
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