EL SEPARADO subdirector de Minas del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Ottomilton Sánchez, podría enfrentar una condena de hasta cinco años de cárcel por delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios, según el delegado de la Fiscalía Auxiliar, Ronier Ortiz.
Sánchez fue llevado en la tarde de ayer a la sede de la Fiscalía Auxiliar para rendir declaración indagatoria y se le formularon los respectivos cargos.
El exfuncionario fue destituido de su cargo y arrestado por pedir una coima de B/.3 mil a una empresa.
La destitución del primer funcionario de jerarquía de la actual administración gubernamental fue considerada como lamentable por el ministro de Comercio e Industrias, Alejandro Ferrer.
Según información obtenida por Panamá América, Sánchez tomó posesión del cargo el 5 de septiembre y tenía autorización para firmar desde hace sólo seis días.
Ante la falta del nombramiento del director de esa dependencia, Sánchez estaba como encargado.
A juicio de Ferrer, lo positivo de este caso es que un empresario sin vínculo alguno con las altas autoridades del ministerio se acercó a denunciar al funcionario.
Exhortó a todo empresario o persona que esté pasando por una situación similar a denunciarla.
"Desde el punto de vista humano, me causa mucho dolor tener que tomar una acción tan drástica contra un funcionario de nuestra institución. Sin embargo, si me encuentro en una situación similar en el futuro, no dudaré en volver a tomar la misma decisión", agregó.
Las investigaciones realizadas hasta ayer, indican que Sánchez solicitó el pago de B/.3,000 a un representante de la empresa AIA, que realizaba trámites en la Dirección de Recursos Minerales del MICI para lograr una concesión para la explotación de un yacimiento rocoso.
No obstante, durante la realización del trámite, el funcionario solicitó la suma de dinero para agilizar la tramitación de los documentos.
Una fuente detalló que la grabación magnetofónica realizada por los representantes de la empresa a Sánchez, no puede ser utilizada como prueba dentro de un proceso judicial.
