La polémica surge como consecuencia de la decisión de la Dirección General de Salud Pública de prohibir el cobro de este recargo, pues esa acción "lesiona y vulnera" el libre ejercicio de la profesión.
La resolución fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia por la firma de abogados Galindo, Arias y López en representación de Olmedo Sanjur. Dentro de la demanda la Corte solicitó la opinión de la Procuraduría de la Administración.
La procuradora explica que los demandantes sustentaron que la resolución 185 viola los artículos 7 y 8 de la Ley 33 del 8 de noviembre de 1984, sin embargo, éstos fueron derogados por el artículo 206 de la Ley 38 del 31 de julio del 2000, es decir, que la norma supuestamente violada ya había desaparecido.
Entre otras objeciones, la Procuraduría también señaló que no es violatorio de la ley que sea el director general de Salud quien dictara la resolución 185.
"Existen claras normas legales que atribuyen al director general de Salud Pública, facultades para regular las actividades de las clínicas y hospitales de carácter privado y el ejercicio de la medicina", sostuvo.
La morosidad en la industria de seguros está llegando a niveles insostenibles para las empresas dedicadas a este negocio y las soluciones a este problema parecen estar lejanas.
Según las estimaciones de la APADEA, el 40% de la facturación de las empresas de seguros está por cobrar.
En 2002, la industria facturó 368 millones 96 mil 184 dólares en pólizas colocadas. Parte del relativo estancamiento es motivado por el proceso de privatizaciones, fusiones y adquisiciones internacionales que se han realizado en el país.
Anteriormente, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) -hoy privatizado- era uno de los bienes asegurados más grandes que tenía el país.
Pero con la adquisición de esta empresa por parte de grandes consorcios, las coberturas de seguros se hacen en mercados internacionales, a través de programas globales que manejan las transnacionales.
Otro atractivo eran las empresas cerveceras que ahora están en manos de empresarios colombianos y holandeses, quienes también aplican coberturas globales. Los montos de las pólizas de seguro que se ofrecen en Panamá se dispararon luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Las compañías que mayormente se vieron afectadas fueron las relacionadas al sector del transporte, entre las que se encuentran las aerolíneas (de carga y pasajeros) y el Canal de Panamá que ya reportó una alza de un 40 % en su seguro catastrófico.
Cuando hay episodios de guerra, actos terroristas o conflictos bélicos que ponen en incertidumbre a la economía mundial, automáticamente se dispara el factor " riesgo" y la reaseguradoras internacionales aumentan sus precios.
Esto se refleja en Panamá porque todas las compañías que operan en la plaza local tiene contratos con reaseguradoras, que actúan como sus proveedores para cubrir el riesgo.
Tras los acontecimiento del 11 de septiembre, las aseguradoras aumentaron entre un 20% y un 150% a las tarifas de sus pólizas y redujeron la comisión de sus corredores entre un 5% y 7%.
Cada compañía establecería el porcentaje de aumento en el precio de sus pólizas, considerando el riesgo, el ramo y el lugar.
En el 2002, estas compañías ajustaron sus procesos operativos, con aumento de tarifas, descenso en las comisiones de los corredores de seguros y reducción de sus gastos administrativos.
Por estas tasas más altas, al finalizar el 2003, se proyecta un crecimiento entre un 3 y un 5%.
