Cochez consideró que se debió actuar inmediatamente, debido a que Murcia no era un funcionario como para contar con custodia presidencial.
El abogado, asimismo, cuestionó que no se haya llamado a declarar a los empresarios Gabriel Betesh, Ubaldino Real y Carlos Santiago Castillo, por haber recibido custodia del SPI, sin explicación pública o pertenecer al Gobierno.
Gómez dijo a un medio de comunicación haber visto a principios de noviembre pasado a miembros del SPI con el colombiano en el hotel Sheraton.
Mientras que el abogado, Miguel Antonio Bernal es del criterio que tanto el presidente Martín Torrijos y Gómez “violaron” la Constitución al no investigar a tiempo la información. Indicó que el artículo 120 de la Constitución establece que "son atribuciones del Ministerio Público vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes".
