La conformación de un Consejo Administrativo integrado por cuatro ministros de Estado y la concesión para desarrollar actividades turísticas en la isla penal de Coiba, enfrenta a legisladores, conservacionistas y al Organo Ejecutivo.
Esta diferencia produjo que no avanzara el debate del proyecto de ley que trata el tema en la Comisión Legislativa de Ambiente y que se creara una subcomisión encargada de allanar las diferencias surgidas.
Quienes defienden el ecosistema de la isla de Coiba consideran que cualquier decisión de realizar un proyecto turístico debe ser adoptada con "mucha cautela" y "mucho debate". Se espera que hoy se realice una reunión extraordinaria de la Comisión de Ambiente para discutir un proyecto consensuado en primer debate.
Originalmente la comisión logró consensuar un proyecto presentado por el legislador Freidi Torres, pero posteriormente el Ejecutivo propuso otro que fue rechazado por los legisladores y la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON).
Según el legislador y miembro de la comisión, Hirisnel Sucre, urge que se logre un acuerdo para discutir este proyecto antes que finalice el actual período de sesiones, porque de lo contrario, éste tendría que ser presentado como proyecto nuevo en la próxima legislatura.
El director ejecutivo de ANCON, Líder Sucre, señaló que el proyecto presentado por el Gobierno es un problema, porque plantea la creación de un Consejo Administrativo donde los ministros se reparten la autoridad de manejar Coiba. Con este consejo se retrocede en la intención de conservar la isla, ya que el proyecto en mención tiene una "fuerte influencia turística y desarrollista".
La evolución de los proyectos de ley sobre el Parque Nacional de Coiba en los últimos años demuestra la tortuosa ruta hacia la reglamentación de la preservación o explotación de la isla de Coiba y sus aguas aledañas.
La discusión en la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Legislativa en el momento se encuentra encrucijada sobre artículos definiendo el alcance de las posibles actividades en el parque, y los encargados de gestionar estas actividades.
En el proyecto de ley originalmente propuesto por el legislador Freidi Torres, se prohibía en el Parque Nacional de Coiba la construcción de hoteles de alto impacto. Esta medida incidentalmente coincide con el último estudio presentado por la Universidad de Harvard, que sugiere que un hotel de alto impacto en Coiba tendría serias consecuencias ecológicas irreversibles y que por lo tanto no sería viable para el desarrollo sostenido de turismo en el área.
En debates en la Asamblea Legislativa en el 2002, esta prohibición fue retirada y en el nuevo proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo esta restricción nuevamente no existe.
Fuentes ambientalistas internacionales proponen que la ausencia de esta restricción es peligrosa en la medida, porque deja la puerta abierta para la otorgación de concesiones que pueden perjudicar el futuro del turismo ecológico del área.
Como puntos de comparación, sólo la actividad de buceo ecológico en Isla Cocos, Costa Rica, genera unos B/. 600,000 anuales, mientras que el turismo ecológico en Galápagos genera B/. 33 millones anuales. Fuentes del Smithsonian aducen que el nivel de biodiversidad en Coiba es comparable con el de las islas Galápagos.
Otras fuentes allegadas a la Subcomisión de Ambiente, que ayer discutió un nuevo lenguaje para la propuesta final de primer debate, comentaron a El Panamá América que se intentó agregar esta prohibición, sin embargo, los comisionados sostuvieron que, dado el veto presidencial al proyecto de ley sin esta prohibición, no sería oportuno introducirlo.
Más allá de esta prohibición sobre el desarrollo de turismo de alto impacto, el proyecto de ley del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) introduce permiso para ciertas actividades que no parecen ser consistentes con protección ambiental o la preservación del Parque, a saber, la tala de árboles y quema de predios, la caza y la pesca indiscriminada, la colocación de vallas publicitarias, y sorprendentemente, la recolección o destrucción de recursos naturales, culturales, arqueológicos y turísticos.
Otro punto de desarrollo importante en la evolución de la legislación trata con el plan de manejo del Parque. En el proyecto original del legislador Torres, este plan sería efectuado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y sometido a consulta pública.
Sin embargo, en el proyecto "consensuado", pero vetado por la presidencia, el plan de manejo sería elaborado y aprobado por la ANAM, previa consulta con un comité directivo - sin consulta pública.
En el proyecto del Ejecutivo, el plan de manejo se aprobará únicamente por el Consejo de Administración del Parque. Y es la composición misma del grupo directivo del parque que ha generado los principales comentarios.
El proyecto original de Torres y el proyecto "consensuado" incluían representación de la comunidad científica interesada en el parque y de representantes de los municipios colindantes al Parque. El nuevo proyecto propone representación principalmente por miembros del Ejecutivo, sin representación ni de la comunidad científica ni de las comunidades aledañas al Parque.
Fuentes allegadas a la subcomisión confirmaron anoche que se estaba activamente buscando una solución para la inclusión de asesoría científica directa a la administración del parque, elemento ausente en el nuevo proyecto presentado por el Ejecutivo.
Comentaristas ven este último proyecto especialmente peligroso para el mantenimiento del Parque como el eslabón más importante en el ecosistema del Pacífico Oriental, ya que el grupo directivo del proyecto del MEF tendría capacidad para otorgar concesiones para la explotación de los recursos de la isla o de otorgar proyectos de alto impacto sin consideración específica ni de la comunidad científica ni de las comunidades que podrían ser afectadas.
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