La canciller de Colombia, Carolina Barco, remitió al gobierno panameño una petición para la legalización del estatus de residentes a los desplazados que se encuentran en las poblaciones de Jaqué, Boca de Cupe, Yaviza, Yape y La Palma en la provincia de Darién.
En una nota remitida a su homólogo panameño, Harmodio Arias Cerjack, señala que de acuerdo con el análisis de los resultados del censo realizado en esas poblaciones, la situación económica de los desplazados no les permite cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades panameñas.
Agrega que en consecuencia y teniendo en cuenta el tiempo de permanencia de estas personas en Panamá, los vínculos familiares que han establecido con ciudadanos panameños, su descendencia nacida aquí y el proceso de integración cultural y social en las comunidades en donde se han establecido sería prudente establecer una procedimiento especial para su legalización definitiva.
Indica que esta legalización se haría de acuerdo con el derecho internacional humanitario y a las normas internacionales vigentes en materia de desplazamiento forzado.
Por su parte, el asesor Legal de Migración, Luis Corró, reveló que hace un mes Panamá propuso a la Organización para la Atención de los Refugiados (ONPAR) regularizar el estatus a los salvadoreños, nicaragüenses y cubanos residentes aquí, pero que en el caso de los desplazados colombianos no se está considerando esta posibilidad.
Precisó que en el caso de El Salvador, Nicaragua y Cuba se podrían flexibilizar algunos requisitos de quienes tengan un status de refugiado y más de 20 años de residir en el territorio nacional.
Alegó que no se tienen los fondos para cumplir con la legalización de los desplazados colombianos en Darién y sería necesario analizar caso por caso. Planteó que esta iniciativa surge porque los planes de repatriación se han detenido.
Las pesquisas realizadas por las autoridades indican que en Darién existen más de 700 desplazados que han llegado huyendo de los combates que a diario escenifican los paramilitares y guerrilleros colombianos.
Siendo así, "los empleados de Policía tienen el deber de esforzarse en descubrir las tramas, maquinaciones y conciertos que se formen contra la integridad y la seguridad nacional; de impedir y perseguir las que se formen por cualquier medio conducente al fin criminoso y aprehender a los culpables y entregarlos a la autoridad competente para su juzgamiento". Va más allá, incluso.
Deben "descubrir e impedir que se formen o promuevan rebeliones, motines, sediciones o tumultos". Vigilantes en los Colegios Artes y Oficios, en el Instituto Nacional y de lejos por lo de la autonomía, en la Universidad de Panamá, deberían ser entonces la primera medida.
Y en cuanto a orden, los gobernadores juegan un papel fundamental. Tienen una larga lista de obligaciones de 36 puntos que van desde "dar posesión a los servidores públicos nombrados, quienes no deben realizar esta diligencia ante otro funcionario público por disposición de la ley", hasta rendir los informes que le sean "solicitados por el Consejo Provincial".
La lista supera los 1,000 artículos y algunos son tan sensibles como "queda prohibida la inmigración al país de los lisiados o inútiles incapacitados para el trabajo que puedan convertirse en una carga pública".
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