Gabriel Pascual, presidente del Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida, considera que es lamentable y preocupante que en Panamá y en el mundo entero se conozca legalmente que la empresa Rasfer Internacional , S.A se haya declarado en quiebra el pasado 24 de enero.
Pascual advirtió que no descartan la posibilidad de demandar al propio gobierno español, por la responsabilidad que no adquirieron en el momento determinado.
Agregó que el Comité también exigirá al gobierno panameño, a través de la Cancillería, un pronunciamiento serio y responsable en el que asuman su posición como Estado.
Por su parte, el Ministerio Público informó que la quiebra de la empresa no afecta el proceso penal que se investiga por la muerte de los panameños que ingirieron jarabes con dietelenglicol, ya que la acción legal continuará contra Susy Criado, gerente de la empresa.
