A pesar de la oposición de grupos ambientalistas, continúan las deliberaciones en la Asamblea Nacional sobre el anteproyecto de Ley No. 278, que establece el Marco Regulatorio para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
Los grupos conservacionistas señalan que este anteproyecto extiende las concesiones a empresas, para el uso de los recursos hídricos hasta por 50 años.
Además, otorga permisos para la exploración de aguas subterráneas, actividad que involucra trabajos de perforación del suelo. Cabe destacar que los mismos no estarán condicionados a la presentación y aprobación previa, de un Estudio de Impacto Ambiental.
Yakarta Ríos, de la organización Consumo Ético, fue la primera voz que salió públicamente a oponerse a la iniciativa legislativa.
Entre las consideraciones de Ríos está el hecho de que la norma no es más que la entrega de las fuentes de agua a manos privadas y, en consecuencia, una afectación a "la vida de los ciudadanos".
Por su parte, funcionarios de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), descartan la privatización de los recursos hídricos con esta norma, ya que el agua es un bien de dominio público.
De los 126 artículos que componen el proyecto de Ley No. 278, esta instancia de trabajo ha consensuado 110 artículos.
