Se permite que una persona pueda buscar información, tal como lo establecen los Acuerdos Internacionales y la Carta de los Derechos Humanos.
La reglamentación establece que los cargos en un medio de comunicación social sean ocupados por periodistas. El catedrático universitario también se mostró complacido por la creación del Consejo Superior del Periodismo, a través de la figura de una Fundación. La conformación del Consejo estará integrada por un representante del Sindicato de Periodistas, del Colegio Nacional de Periodistas, del Fórum de Periodistas, de otras asociaciones regionales de periodismo; por un representante de las empresas radiales de comunicación, de las empresas televisivas de comunicación, de la prensa escrita y por un representante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá y por las otras universidades que impartan estudios de periodismo o comunicación social.
Destacó como ventaja que no participará el Estado, situación que se convierte en garantía para respaldar la amplia libertad de acción, a diferencia de la anterior Junta Técnica de Periodismo con un gran control del gobierno de turno.
El Consejo tendrá una incidencia directa en lo que respecta a la plena aplicación del Código de Etica, la estabilidad salarial de los periodistas, la cláusula de conciencia, actividades de capacitación, el derecho al Seguro Social, entre otras.
Reiteró que muchos propietarios de medios tratan de forma injusta a los periodistas e inclusive no le asisten cuando éstos se ven presionados por razones de demandas de calumnia e injuria.
Finalmente, Geneteau se mostró optimista para lograr en la próxima semana la aprobación de la nueva ley que vendrá a regular una de las profesiones más polémicas en Panamá: el periodismo.
En lo que respecta al recién creado Consejo de Periodismo, el ex decano de la Facultad de Comunicación Social abogó por la necesidad de crear una entidad profesional que regule y atienda la reglamentación de la ley. El Consejo Técnico de Periodismo tiene que superar todas las deficiencias de la Junta Técnica, para resolver los problemas que aquejan a los profesionales del periodismo. Por su parte Marco Castillo --presidente del Colegio Nacional de Periodismo, uno de los gremios profesionales con mayor cantidad de miembros activos-- destacó que en principio el proyecto de ley tenía un contenido restrictivo que al final no sería aprobada porque no podría superar las demandas de inconstitucionalidad por reñir con principios constitucionales y acuerdos internacionales de los que Panamá es signatario.
Explicó el dirigente que se han efectuado ciertos cambios en el enfoque del proyecto de ley, surgidos de los aportes de los dueños de medios de comunicación, el Fórum de periodistas y representantes de universidades y el Sindicato de Periodistas.
Castillo indicó que el Colegio de Periodistas no participó en las reuniones de trabajo por considerar que el proyecto de ley debería ser más consultado. Destacó el gran descontento de ciertos sectores de periodistas, quienes sienten que el anteproyecto de ley es hueco y que no cambia el statu quo del ejercicio periodístico; lo que probablemente hará es satisfacer a ciertos dirigentes del periodismo que sentirán que hay una nueva ley que reglamenta la profesión. Lo cierto es que ni se reglamenta la profesión, ni era necesario en estos momentos, ni satisface las expectativas profesionales debido a que no se le ha dado suficiente divulgación.
El dirigente Castillo se mostró complacido con la conformación del Consejo Nacional del Periodismo, entidad que está discutiendo sus funciones y sus responsabilidades.
Se destaca en el artículo 7 que "se reconoce como periodista al ciudadano panameño que acredite un título académico en periodismo, comunicación social o ciencias de la información, expedido por una universidad debidamente acreditada y reconocida por la Universidad de Panamá ante el Ministerio de Educación en el libro de Registros Profesionales del Periodismo de la República de Panamá". En cuanto a los derechos de los periodistas, el artículo 12 indica que como toda profesión legalmente ejercida en la República de Panamá, el periodismo está amparado por las normas vigentes en materia laboral, incluidas todas las instancias.
Otro artículo novedoso es el establecimiento de la cláusula de conciencia que indica que el periodista tiene derecho y la obligación moral de actuar de acuerdo a su conciencia. En consecuencia, las empresas periodísticas y contratantes no podrán aplicar sanción por el cumplimiento de este deber señalado por la moral profesional.
Se agrega que el periodista podrá exigir el retiro de su nombre como autor de un texto informativo que haya preparado, cuando considere que éste una vez editado por el respectivo medio, entra en conflicto con los criterios profesionales y/o conciencia aplicados al momento de producirlo.
Otro artículo que resultará polémico es lo referente a la dirección de las empresas periodísticas. El anteproyecto destaca que los cargos de los que se derive responsabilidad legal por lo difundido a través de los medios serán ejercidos por profesionales de nacionalidad panameña no protegidos por fuero o inmunidad. Otro de los contenidos del nuevo anteproyecto de ley es el referido al Consejo Superior del Periodismo (que reemplaza a la Junta Técnica de Periodismo) que deberá estar integrado por representantes de las organizaciones gremiales de periodistas existentes en el país reconocidos mediante personería jurídica. Sus funciones se dirigen a velar por el cumplimiento de la ley, expedir el carnet de identificación a los profesionales del periodismo, acreditar a los corresponsales y periodistas de prensa extranjera, instruir de oficio mediante denuncias los casos de violación a la ética periodística y establecer las sanciones de índole moral que deban recaer sobre los responsables.
Por su parte el profesor Garrit Geneteau --secretario general del Sindicato de Periodistas, una de las organizaciones de mayor trayectoria en el medio-- destacó su optimismo en cuanto a los beneficios de la nueva ley ya que representa un avance significativo.
Destacó el dirigente sindical que es la primera vez que una ley de periodismo ha sido consensuada por los propietarios de los medios de comunicación y los propios periodistas.
Advierte Geneteau que se descubrió que habían ciertas afinidades con los dueños de los medios, independientemente de las malas experiencias tenidas con ellos.
Explicó que se ha logrado un alto nivel de consenso con los gremios, a excepción del Colegio Nacional de Periodistas y dijo que ahora se está solicitando a la Asamblea Legislativa que se lleve a segundo debate con urgencia notoria. Posiblemente ocurra la próxima semana, antes de finalizar el período de sesiones de la Asamblea.
De aprobarse la nueva ley, derogará la Ley 67 de 1978 que regula el ejercicio del periodismo en Panamá.
Explicó el dirigente que el Estado por su parte ha creado una Comisión especial conformada por el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Presidencia, en la que se analiza toda la normativa jurídica relacionada con las leyes mordaza que históricamente han constituido un freno en lo que respecta a la libertad de expresión en Panamá.
