La condena dada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a los señores Ignacio Torres Echeverría, Linda Joan Thomas Martín, René Esteban Luciani Lasso y Pablo Narciso Solís González por los cargos del presunto delito contra la salud pública es muy baja.
Así lo manifestó Gabriel Pascual, del Comité de Familiares y Parientes por el Derecho a la Salud y a la Vida.
Esto por el proceso penal seguido por el envenenamiento masivo con la sustancia dietilenglicol dado dentro de la Caja de Seguro Social.
La Sala Penal revocó la decisión del Segundo Tribunal, que declara la absolución de los señores Ignacio Torres Echeverría, Linda Joan Thomas Martín, René Esteban Luciani Lasso y Pablo Narciso Solís González, y en su lugar se les condena a la pena de 18 meses de prisión, como autores del delito contenido en el artículo 251 del Código Penal; y los inhabilita para el ejercicio de funciones públicas por igual término una vez cumplida ésta condena.
Según Pascual, la condena de 15 años de prisión dada a los señores, Eduardo Enrique Taylor Jurado, Miguel Antonio Adames de León y Ángel de la Cruz les complace, sin embargo a su juicio la pena dada a Ignacio Torres, Linda Thomas, René Luciani y Pablo Solís es muy poca ya que ellos tenían responsabilidad por el uso de está sustancia en la CSS.
En el caso de Pablo Solís, era quien fungía como director de Farmacia y Droga en al administración de Rene Luciani como director de la Caja y tenia pleno conocimiento de que en la CSS se estaba recibiendo este medicamento.
Agregó que aparte de estas personas ya condenada, todavía falta que la CSJ llame al señor Alexis Zuleta para que rinda cuentas por este caso, sin embargo el goza de un fuero por ser miembro del Parlacen.
Además, la Sala Penal confirmó la pena impuesta a Nereida Isabel Quintero Ortíz de Velasco y Marta Cristell Sánchez Bustamante de Castillo, de 12 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
El fallo de la Sala Penal confirmó la absolución de Josefa De La Cruz.
Además se ordenó la inmediata detención de los sancionados ponerlos a órdenes de la Dirección General del Sistema Penitenciario, y dispuso la compulsa de copias a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, para lo que en derecho corresponde respecto a la empresa Medicom, S.A. y sus directivos.
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