El temor latente por la seguridad jurídica, el deterioro de la imagen de Panamá como lugar propicio para la inversión y las afectaciones en el comercio nacional son temas que preocupan a los empresarios.
La intranquilidad fue expresada ayer por los integrantes de las 26 organizaciones que componen el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), luego de las manifestaciones y exigencias indigenistas en el diálogo que mantienen con el Ejecutivo.
“No es un tema de ceder, es un tema de inteligencia emocional y los indígenas en este caso deben comprender que no podemos sacrificar todo lo que hemos logrado hasta este momento, por una percepción cultural”, manifestó Antonio Fletcher, presidente del CoNEP, ante las exigencias que mantienen los representantes de la etnia ngäbe buglé.
Fletcher, quien reconoció el avance de las negociaciones, sostuvo que el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco no debe ser suspendido y “si se desea hacer un peritaje que se haga, pero que no se suspenda la obra”.
Detalló que se debe garantizar la seguridad jurídica del país mediante la protección de las inversiones y de los inversionistas que llegan al territorio, porque de esta manera se incrementa la imagen de Panamá como país propicio para las inversiones.
El que también se refirió a la situación fue Juan Francisco Kiener, del Sindicato de Industriales de Panamá, quien calificó de “egoísta” la postura de las personas no quieren hidroeléctricas en sus comunidades.
Según Kiener, el aumento del combustible es el preludio de lo que pasará con la energía eléctrica si se suspenden los proyectos requeridos para suplir la demanda nacional.
Paralizaciones.
Tanto Fletcher como Ramón Arroyave, de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme), pese a no cuantificar las pérdidas causadas por los cierres de calles protagonizados por los grupos indígenas, reconocieron que las afectaciones fueron nacionales e internacionales.
Ambos empresarios señalaron que los sectores más afectados fueron los de la producción agropecuaria, producción lechera, el turismo y las exportaciones a través de la frontera con Costa Rica.
Congreso.
Ayer, en Llano Tugrí, distrito de Muná en la comarca Ngäbe Buglé, se suspendió el congreso general que se tenía previsto, debido a la poca asistencia de los delegados -70 de los casi 270- autorizados a participar del encuentro comarcal.
El grado del ausentismo en el congreso donde se discutirían los principales problemas de la comarca, fue tal que ni el presidente del congreso general, Edilberto Sánchez, asistió, de acuerdo con Alberto Montezuma, fiscal de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesinos, que actualmente discute el tema de las hidroeléctricas.
