Difícil será el desarrollo del proceso interpuesto contra el Estado panameño, por el Consorcio Andino, luego de que la junta directiva de la empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), decidiera rescindir el contrato adjudicado, para la terminación del segundo tramo de la línea de transmisión Guasquitas-Panamá.
Resulta que el Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Familiares de la República de Panamá (SITIESPA), en nota enviada a Martín Torrijos, presidente de la República, denuncia que dentro del proceso hay un presunto conflicto de interés.
Y es que el abogado del Consorcio Andino S.A, Feliciano Olmedo Sanjur, de la firma forense Rosas y Rosas, también presta servicios en entidades públicas con cargo de asesor legal en el Tribunal Electoral con un salario de 2, 500 dólares; en la Contraloría General de la República y además, es miembro de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros.
Por este motivo se argumenta que Feliciano Olmedo Sanjur está violando el Código de Ética del servidor público.
En el artículo 21 del código, se establece que el servidor público no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones o que conlleven un conflicto de intereses. Debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de funciones.
Aún los trabajadores no han tenido respuesta por parte del Mandatario, pero esperan obtenerla luego de cumplido los 30 días de entregada la carta.
Por otro lado, Panamá América, contactó al abogado Olmedo Sanjur en su oficina que mantiene en el bufete. Este no quiso responder a los cuestionamientos.
Solo dijo que no daba entrevistas a los periodistas y que no conocía la información publicada por este diario simplemente porque tiene "más de 20 años que no lee un periódico".
El pasado 2 de junio el grupo CASA interpuso otra demanda, pero esta vez sobre Juan Urriola, gerente general de ETESA, por desacato.
Ante esta situación, Urriola dice estar tranquilo porque ha recibido el total apoyo de la junta directiva de ETESA.
Hace unos días la junta directiva en pleno con la participación de su presidente, el ministro de Economía, Ricaurte Vásquez, aprobó reactivar la obra de la línea de transmisión, que representaría ingresos millonarios para el Estado si se logra su comercialización.
De ahí nace la inquietud tanto de autoridades, como de los trabajadores miembros de SITIESPA.
En la suspendida ley 17 de la Caja de Seguro Social, se establece en el artículo 78 que de la comercialización de la fibra óptica se destinará no menos del 50% para la CSS.
Pero resulta que todo este proceso pone en peligro dicha comercialización de continuar paralizada la obra.
Estudios indican que la comercialización de 10 pares de fibras podría representar entre 300 a 800 millones de balboas al año.
Mientras tanto, la gerencia general busca los mecanismos para mejorar la línea ya contruída.
Más de 200 torres puestas por CASA tenían deficiencias en su construcción, así como todas la fibra óptica presentaba anomalías técnicas.
Se pudo conocer que el monto necesario para la reparación y la terminación del tramo podría llegar a los B/.20 millones.
Por otra parte, ETESA ha tenido que pagar mensualmente la suma B/. 1.0 millón, por no estar terminada la obra, representando esto hasta la fecha más de B/. 23 millones.
Conflicto de interés en demanda millonaria contra el Estado
En septiembre de este año se debió entregar la construcción de la segunda línea de transmisión a un costo de B/. 35 millones.