Un Consejo Consultivo, formado por la Defensoría del Pueblo, el Órgano Judicial, el Ministerio Público, DIJ y el Sistema Penitenciario, evaluó ayer las libertades condicionales que serán otorgadas a mil detenidos de diferentes centros penitenciarios del país, en la primera semana del mes de septiembre.
El director del Sistema Penitenciario, Diomedes Kaá, indicó que a pesar de la falta de evaluaciones técnicas, el Consejo decidió continuar analizando la lista de privados de libertad que pudieran ser beneficiados con la medida.
Agregó que en esta primera reunión se contempló que los internos no superen más de dos años de estar detenidos y sobre todo, que no sean reincidentes en los delitos.
Frente a la mora judicial, Kaá señaló que ha visto el interés del Órgano Judicial en agilizar las audiencias con programas de descargas.
Precisó que hay muchos internos que el sistema no ha captado porque no había la manera de introducirlos a la base de datos.
Mientras tanto, la magistrada Esmeralda de Troitiño indicó que hay que saber qué tipo de expedientes en proceso serán beneficiados con la medida constitucional.
Agregó que con la entrada del Sistema Acusatorio, el Órgano Judicial tiene un plan de acción de medidas que permitirán darle la celeridad a todos los procesos.
Por su parte, Maribel Jaén, representante de la Comisión Justicia y Paz, asegura que la única solución para la mora judicial es que se inicie el Sistema Acusatorio lo antes posible.
Estas libertades condicionales van a ayudar, aunque muy poco, con el hacinamiento, señaló.
