El Consejo de Gabinete aprobó hoy, martes 17, una propuesta que buscar aumentar de 8 a 12 años la pena para quien conspire para traficar droga, cuando en la actualidad, la sanción va de entre 2 a 4 años.
La propuesta, presentada por el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, también propone que la pena por comercializar la droga sea de 10 a 15 años, cuando en la actualidad es de 8 a 5 años.
De acuerdo a un comunidad de la Secretaría de Comunicación, la propuesta también penaliza el porte de armas, que en la actualidad se castiga la posesión, pero con la niciativa se busca prevenir los delitos cometidos con armas robadas.
Además, se aprobó enviar a la Asamblea Nacional de Diputados un proyecto de ley que propone el cambio de la Agencia Económica Especial Panamá Pacífico (AAEEPP) por Agencia Panamá Pacífico, partiendo de la base de que a nivel comercial los nombres cortos tienen un nivel mayor de comercialización y difusión en el mundo de los negocios.
El administrador general de la AAEEPP, Olmedo Alfaro, quien sustentó el proyecto de ley, señaló que los propios inversionistas de la agencia especial han dicho que el nombre actual contenido en la ley es difícil de recordar y pronunciar debido a la extensión del mismo.
Le corresponderá al ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, presentar en la Asamblea Nacional de Diputados el proyecto de ley, ya aprobado en Gabinete, que propone la modificación del nombre de la institución y lo relativo al presupuesto de la Agencia.
También se aprobó actualizar los incentivos al financiamiento e incentivos fiscales -contenidos con el Decreto Ley 9 de 1997- a los promotores, inversionistas y propietarios de inmuebles y lotes dentro de esta área.
La directora del INAC, Maruja Herrera, quien sustentó la propuesta, dijo que “el Gobierno Nacional espera que la actualización de los incentivos concebidos con el Decreto Ley 9 de 1997, se constituyan en un aliciente y atractivo más para una mayor inversión en el Casco Antiguo”.
Herrera explicó que los incentivos contenidos en el Decreto Ley 9 de 27 de agosto de 1997, perdieron vigencia en agosto de 2007, con lo cual “se generó un vacío” en materia de beneficios que incentiven al promotor, inversionista o propietario a rehabilitar y poner en valor su propiedad dentro del Conjunto Monumental Histórico de la Ciudad de Panamá.
Con la propuesta de ley no sólo se actualiza el régimen fiscal, sino también se establece un procedimiento que impulsa a los propietarios a rehabilitar y poner en valor su propiedad, estableciéndose mecanismos coercitivos dirigidos a los dueños que mantengan su renuencia a realizar las inversiones necesarias para la debida rehabilitación y conservación de sus propiedades dentro del Conjunto Monumental Histórico.
La propuesta deberá ser sustentada por la ministra del Educación, Lucy Molinar, ante la Asamblea Nacional de Diputados para su respectiva aprobación.
En el Consejo de Gabinete también se aprobó una reforma a la Ley 6 de febrero de 1997, que busca mejorar las condiciones del mercado eléctrico nacional para que las empresas distribuidoras cumplan su obligación de contratar la totalidad de su demanda a fin de que se produzca la seguridad de suministro a los clientes finales.
La iniciativa fue sustentada por Fernando Díaz, de la Secretaría de Energía, en compañía de Zelmar Rodríguez, la administradora de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), entre otros funcionarios.
Para alcanzar este objetivo, Díaz dijo que se introduce en este procesos el concepto de pliego de cargos especiales que serán elaborados para satisfacer las necesidades y crecimiento de la demanda, y evitar así los posibles aumentos de tarifas en un momento dado.
Esta regulación, dijo que es para hacer cumplir la obligación que tiene el Estado de dictar normas que incentiven las inversiones en el sector eléctrico, y que estas disposiciones redunden en mayor beneficio de los usuarios.
