La Corte Suprema de Justicia declaró legales las resoluciones No. 363 y No. 364 expedidas por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de noviembre de 1998 por las cuales se obliga a las construcciones a mantener requerimientos mínimos de resistencia a los movimientos sísmicos y que se encuentran establecidos en el Reglamento para el Diseño Estructural en la República de Panamá (REP-94).
La decisión de la máxima corporación de justicia se produce dentro de un recurso presentado por la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), en donde señala que las pruebas para determinar la resistencia de las viviendas no se pueden ejecutar en Panamá y que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura actuó de forma abusiva y arbitraria para una finalidad no autorizada por la ley.
Según la decisión, no existe ningún elemento de prueba en donde se establezca que las pruebas a ejecutar por la Universidad Tecnológica de Panamá, como lo disponen ambas resoluciones expedidas por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, son de imposible realización en el país.
En cuanto a la supuesta violación del Código Civil planteado por la CAPAC, explica que debe ser descartada, ya que las citadas pruebas pueden ser ejecutadas por la Universidad Tecnológica o por laboratorios privados.
El fallo expedido por la Sala Tercera Contencioso Administrativo coincide con la opinión expresada por la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, quien señaló que las resoluciones impugnadas poseen un carácter estrictamente técnico, ya que expresan medidas y cálculos que deben realizarse para demostrar que las viviendas resisten los embates de los sismos.
Según Montenegro de Fletcher se logró demostrar la posibilidad de ejecutar las pruebas experimentales para determinar la resistencia de las residencias a los embates de los sismos localmente y que esto debe cumplirse al pie de la letra con las normas del REP-94.
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