La saturación de agua en los suelos producto del exceso de urbanizaciones construidas en la planicie inundable de los ríos, figura entre las causas de la inundación en Prados del Este, Bajo de Nueva Esperanza y áreas de Tocumen y Pacora, revelan geógrafos de la Universidad de Panamá.
Según el Instituto Panamericano de Geografía de la UP, la responsabilidad recae sobre la Autoridad del Ambiente, el Ministerio de Vivienda y el SINAPROC, que a la hora de aprobar los estudios de impacto ambiental para residenciales no están previendo que se realizan sobre los desahogos de los afluentes.
Los geógrafos Raúl Ramos, Israel De León y Alberto Mckay detallan en el informe que tampoco se hizo un monitoreo de la recurrencia y probabilidad de inundaciones de los ríos en esa área.
Mckay aseguró que no se trabaja con los "máximos", es decir las medidas de la cantidad de agua. Por ejemplo, dijo que un día antes de las inundaciones cayeron hasta 66 milímetros de lluvia y que el día de la tragedia hubo menos precipitación, 48 milímetros, pero ya los suelos estaban saturados por la sedimentación producto de las construcciones y que coincidió con la marea alta.
Mientras que Israel De León señaló que desde el punto de vista geográfico, las autoridades están permitiendo construir urbanizaciones y locales comerciales sobre las llanuras de inundación y que los cauces al crecer buscan por dónde desahogar la cantidad de agua que fluye.
El informe revela que áreas como Montería en Pedregal, Los Caobos y Las Mañanitas están propensas a inundaciones de alta magnitud.
Afirma que aunque no es para hacer una alarma han observado que las construcciones en esos sectores es incontrolable y se establece sobre el lecho inundable de los ríos, llevando a la conclusión que no se están previendo desastres naturales.
Por otra parte, el exadministrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, Ricardo Anguizola, se limpió las manos sobre la responsabilidad de las inundaciones en la urbanización Prados del Este, asegurando que aprobaron un estudio de impacto ambiental correcto, pero que eran los funcionarios del Ministerio de Vivienda y Municipales que debieron fiscalizar su cumplimiento.
Anguizola, aseguró que en primera instancia rechazaron un estudio a la promotora por fallos sustanciales en materia de hidrología, pero que la responsabilidad es del promotor de comprobarse que incumplió los diseños y normas establecidas en el estudio de impacto ambiental.
Aseguró que el Estudio Ambiental obligaba al promotor a construir a dragar el rió y canalizarlo previo al desarrollo de las residencias, retirarse a mas de 50 metros del cauce del rió y hacer los niveles de terracería necesarios para nivelaciones, cosa que manifiesta que no se cumplió.
