Nación

Continúa investigación por garita destruida

Los universitarios aseguraron que después de criticar al Gobierno por la crisis sanitaria, el caso cobró vigencia.


NO están cerradas las investigaciones que inició el Ministerio Público por la destrucción de la garita de Amador en enero de 2005.
En ellas se imputó a dirigentes estudiantiles de la Universidad de Panamá (UP) y a varios miembros de la Federación Nacional de Servidores Públicos.
Su vigencia quedó demostrada la noche del pasado viernes, cuando tres agentes de la Policía Técnica Judicial (PTJ) ingresaron a los predios de UP a ejecutar una orden de conducción contra Luis Cisneros, empleado administrativo de esta entidad.
Las unidades policiales aparentemente no tenían el permiso de la Rectoría.
Esta acción enardeció a dirigentes estudiantiles y directivos de la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA), que impidieron a las unidades de la PTJ cumplir la acción judicial, pues consideraron que se violaba la autonomía universitaria.
Varios dirigentes estudiantiles y servidores públicos están acusados de destruir los vidrios de la garita, que está en la entrada de la isla Flamenco.
También, se supone, derribaron a mazazos las barras que sirven para controlar el ingreso de autos.
Los manifestantes protestaban porque algunos empresarios cobraban B/. 2.00 para entrar a los estacionamientos.
Posteriormente, la Junta Directiva de la extinta Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) ordenó la remoción de esa garita porque era "ilegal".

Cisneros lleva más de 48 horas refugiado en la UP, pues teme que al salir de la institución lo apresen como en los tiempos de la dictadura, donde misteriosamente se desaparecían las personas.
"Por qué no perseguir a los empresarios que cobraron el dinero fraudulento y que nunca lo devolvieron", preguntó el presidente de ASEUPA, Damián Espino, acusando al sistema judicial de perseguir a los que no tienen poder en este país.
A raíz del hecho, varios grupos estudiantiles advirtieron que estarán alertas ante cualquier abuso y persecución de las autoridades judiciales.

La garita de cobro fue construida sobre la servidumbre pública y en una vía de acceso que debía ser de libre circulación, según la junta directiva de la extinta ARI.
Miguel López Piñeiro, uno de los propietarios del proyecto, alegó que en aquel tiempo cobraban dos balboas a las personas que ingresaban al área y no usaban los servicios como restaurantes, tiendas y bares.

 

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Fecha y hora de publicación

101 años de Panamá América

 
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