Mientras los que se oponen al proyecto del Camino Ecológico Boquete-Cerro Punta tienen fuertes argumentos para rebatirlo, quienes lo apoyan se apegan a la versión de que este traerá beneficios turísticos para la provincia de Chiriquí, y se afectará lo menos posible el ecosistema.
José Gabriel Carrillo, asesor ejecutivo en la Dirección Nacional de Administración de Contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), indicó que con el proyecto se dará facilidades a los turistas para que puedan observar la diversidad de aves del sector. Igualmente señaló que se facilitará la movilización de los productos de las Tierras Altas y se asegurará el establecimiento de casetas para guardaparques y miradores, para que tanto observadores como estudiosos, puedan llegar a Panamá.
No obstante, la oposición al proyecto es muy fuerte y se fundamenta en que la Resolución de Gabinete No. 123 del 4 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del 6 de diciembre de 2002, en la que se contrató de forma directa a la empresa Constructora Urbana, S.A. (CUSA) para el diseño, financiamiento y construcción de la obra, viola la Ley 40 de 1976 que crea el Parque Nacional Volcán Barú, y es contradictorio con lo que establece la Constitución en el Título sobre el Régimen Ecológico.
Sobre este punto, las organizaciones opuestas al proyecto han puesto cartas sobre la mesa. Se espera que el próximo lunes se presente una demanda ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y no se descartan otras acciones legales, como un amparo de garantías constitucionales.
Pero más allá de objeciones legales, el temor de muchos se fundamente en el impacto ecológico que la obra pueda significar, dado que el camino pasará entre el Parque Nacional Volcán Barú y el Parque Internacional La Amistad, que son un eje importante del Corredor Biológico Mesoamericano, poseen una gran diversidad de fauna y flora y tienen varias especies endémicas, sin dejar de lado que es la cuenca hidrográfica más importante para la provincia de Chiriquí.
Sin embargo, los responsables de la obra tienen sus razones para que ésta sea promovida.
Carrillo destacó que la Ley General del Ambiente no prohíbe que en las zonas demarcadas nacional e internacionalmente por leyes especiales, se puedan realizar proyectos; pero sí es severa en la forma como esos proyectos se van a desarrollar y "vamos a respetar esas normas".
Indicó que por ello se tomarán todas las medidas para proteger esta área que es de tercera categoría en riesgo. El camino se trazará sin hacer movimientos grandes de tierra, respetando la geografía del lugar, aseguró.
Rogelio Alemán, presidente y representante legal de CUSA, señaló que se escogió el lugar porque brinda las condiciones ecoturísticas que se requieren para el camino. Mencionó que Boquete está entre los 10 destinos más importantes mundialmente para el ecoturismo.
Tanto Carrillo como Alemán insistieron en señalar que allí ya existen caminos de penetración. De Bajo Mono a Altos de la Chilena 4.71 kilómetros; de Paso de El Respingo a Bajo Grande 2.28 kilómetros y de Bajo Grande a Cerro Punta unos 3 kilómetros; que hacen un total de 9.9 kilómetros a los que se les hará algunas modificaciones. Mientras lo que sí se construirá nuevo es un tramo de aproximadamente 5.52 kilómetros. Así, en totalidad el Camino Ecológico Boquete-Cerro Punta hace un total de 15.51 kilómetros.
El camino tendrá un ancho de cuatro a cinco metros y en algunos sectores no pasarán dos carros al mismo tiempo, y para su construcción se requerirán 10 metros de ancho. Será hecho con una capa asfáltica de aproximadamente cinco centímetros.
Pero el ambientalista y profesor chiricano Demetrio Miranda no opina lo mismo. Según él, se requerirán por lo menos 40 metros de ancho para maniobrar la maquinaria y el equipo que trabajará en el lugar, con los consecuentes derrumbes, erosiones y sedimentaciones.
Destacó que el interés de hacer el camino es particular de algunos propietarios de tierras que estarán inmediatas al sendero. Dijo que según el plano topográfico hay una finca de 154 hectáreas del difunto Arnulfo Arias y de las familias Sittón y Cruz Rubio, entre otras.
Ariel Rodríguez Vargas, investigador de recursos biológicos del Centro de Estudios de Recursos Bióticos, también forma parte de la corriente que se opone a la obra. Para él, no hay que ser técnico ni especialista del ambiente para saber del "exabrupto ambiental que se cometerá" de realizarse el proyecto.
Destacó que el impacto ambiental que genera un camino pequeño como el que se pretende hacer es grande, porque destruirá un bosque nuboso primario de más de 400 años de edad, así como formaciones rocosas y elementos del paisaje que no existen en otras partes del país. El área donde se desarrollará el camino ha sido considerado por la UNESCO como reserva de la biosfera y Patrimonio Mundial de la Humanidad.
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