El contralor general de la República, Alvin Weeden, descartó ayer que tenga aspiraciones de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. "Me voy a mantener en la posición de la Contraloría", declaró Weeden, al indicar que juró el cargo hasta el año 2004, razón por la que se mantendrá hasta esa fecha.
Según Weeden, hay buenos panameños que pueden llegar a ocupar cargos como magistrados de la Corte, incluso es un puesto muy honroso para cualquier abogado, al igual que el de contralor.
"No tengo aspiraciones a ser magistrado de la Corte Suprema", expresó, al sostener que su trabajo en la Contraloría es muy importante y por eso se mantendrá en esa institución.
"Estoy cuidando los fondos públicos con especial dedicación y siento que tengo una labor que hacer y terminar tal y como juré en esta Asamblea (Legislativa) hace dos años y ocho meses. Definitivamente descarto cualquiera posibilidad de que yo vaya de magistrado", sentenció.
Resulta que la administración de Pérez Balladares estableció una política de baja de aranceles, que causó una severa crisis al sector primario, porque no existían puntos de referencias firmes para que el sector empresarial pudiera definir una estrategia firme de desarrollo o acción.
222 Atrasos en trámites de importaciones, la mancha blanca y conflictos entre los porcinocultores y los industriales, jalonaron el desarrollo del primer trienio.
Este cambio de aranceles en 1999 -no para todos los rubros-, tuvo la intención de estabilizar inicialmente el sector agropecuario, que a la postre se complementa con la Ley 26 de incentivos industriales. Mientras que la Ley 24, que busca la protección de los productores por inclemencias del tiempo y caída del precio, ha sido fuertemente denunciada por productores de arroz, caso que llegó a la Contraloría General de la República, cuyo informe final permanece en el sueño eterno.
En este caso, la Contraloría General de la República ordenó el áudito general en el ámbito nacional para conocer las irregularidades que se produjeron por la confección de las listas de parte de las autoridades estatales.
Mientras que la Ley 25 de transformación agropecuaria ha sido menos criticada, y pretende generalizar la transformación de una gran cantidad de rubros, que permita la preparación del agricultor para la inminente apertura de mercado. Además la preparación tecnológica que le permita competir en el mercado internacional.
