El contralor Gabriel Castro advirtió que los funcionarios y candidatos a puestos de elección popular deben cumplir con el mandato constitucional de presentar su declaración de bienes antes de iniciar su administración y cuando la culminan.
Puntualizó que solamente ha recibido la declaración de bienes del excanciller, Ricardo Alberto Arias, cuando éste dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
"Ningún candidato a puesto de elección o reelección ha presentado su declaración de bienes ante la Contraloría, tal como dispone la Ley", sostuvo.
Apuntó que esta práctica viola las disposiciones legales ya que estas personas deben presentar su declaración a más tardar dos semanas después de haber culminado su gestión gubernamental.
"Todos deben presentar su declaración de bienes, así como yo hice cuando me retiré del Consejo de Seguridad, cuando tomé la cartera de la Policía Técnica Judicial y ahora con la Contraloría", recalcó.
Exhortó a los candidatos a presentar esta documentación para que den la primera muestra a la ciudadanía de una conducta correcta.
"Con esta actitud los funcionarios demuestran que están dispuestos a decir cuáles fueron los bienes cuando tomaron el puesto y cuáles cuando dejan el puesto, dando ejemplo de transparencia", detalló el contralor.
Manifestó que esta dependencia constantemente realiza áuditos de manejos de los fondos públicos a diversas instituciones, sin previo aviso porque así lo establece la ley.
El próximo 2 de febrero inicia el periodo electoral donde participan más de 15 mil candidatos, quienes a aspiran a unos 1,116 puestos de elección popular en todo el país.
En las próximas elecciones, 1 millón 745 mil panameños escogerán al presidente de la República, a sus dos vicepresidentes, legisladores en 40 circuitos electorales, 20 diputados del Parlamento Centroamericano, alcaldes en 74 distritos, representantes en 587 corregimientos y siete concejales.
Según cifras oficiales, este proceso costará al Estado cerca de B/.14 millones, al margen de los B/.15.3 millones que se darán a los 12 partidos políticos legalmente inscritos y a los candidatos independientes en calidad de subsidio.
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