La contralora general de la República, Gioconda Bianchini, ordenó ayer a su equipo realizar una auditoría sobre la gestión de Luis Barría en la dirección del Registro Público, luego de que se denunciaran una serie de irregularidades, incluido el cobro de cuotas a funcionarios de la institución a favor de una asociación vinculada a Barría.
Se trata de la Asociación pro Desarrollo de la Comunidad Rural (Aprodec), creada en 1999. Su primer coordinador de proyectos fue Barría. Al mismo tiempo, la Fiscalía Electoral inició una investigación de oficio por el caso de las cuotas o “diezmos” de los empleados.
Elisa Lombana, vocera de la Contraloría, dijo que se tomó la decisión de auditar toda la gestión de Barría “a raíz de lo que se ha denunciado esta semana y por otros casos”. “La auditoría está dirigida a toda la gestión de Barría como director del Registro Público”, reiteró Lombana.
Entre tanto, la Fiscalía Electoral confirmó que inició ayer una investigación de oficio por la denuncia del supuesto cobro de cuotas a funcionarios del Registro Público nombrados durante la gestión de Barría.
“Los abogados ya están en el proceso de análisis de toda la información que ha salido a la luz pública. Es un proceso igual que el Ministerio Público, donde no podemos dar mayores detalles por el momento”, explicó el vocero de la fiscalía, José Ardines.
Se informó que la investigación le tocó al fiscal electoral Eduardo Peñaloza.
El propio presidente de la República, Ricardo Martinelli, se refirió ayer al tema calificándalo de grave.
“No se puede estar cobrando a los empleados para estar ayudando a una seudo fundación” dijo el mandatario Martinelli. “La junta directiva es la que debe determinar qué es lo que pasa en el Registro Público”.
Cuatro testigos, entre ellos Leonardo Castillo, Anabel Flores, Denia Hernández y Vitelio Ortega, señalaron a Panamá Américaque siendo funcionarios del Registro Público participaron en una reunión donde Barría y otros jefes de confianza del director, le pidieron que aportaran parte de su salario a una cuenta bancaria, con la excusa de que sus nombramientos fueron efectuados por ellos.
Los testigos coincidieron en que la reunión se dio en marzo de 2010 en el corregimiento de Las Cumbres, y que el objetivo era respaldar la campaña política de Barría para el 2014, tras el fracaso que sufrió en las elecciones del 2009 en su circuito, el 8-9.
También afirmaron que se les presionó de distintas formas para que aportaran dinero a la asociación Aprodec, donde Barría, sus familiares y jefes del Registro Público están relacionados.
Algunos de los testigos, entre ellos Hernández y Ortega, dijeron que fueron destituidos por oponerse a dar aportes de su salario.
Documentación bancaria muestra cómo funcionarios del Registro Público, entre ellos mensajeros y personal de mantenimiento, aportaban regularmente a Aprodec.
En contraste con estos testigos, Toribio Domínguez, asistente de seguridad; Lusinio Rodríguez, empleado de mantenimiento; y Yahaira González, jefa de bancos del Registro Público, indicaron que sus aportes fueron “voluntarios”.
Afirmaron que nadie los obligó a hacer los aportes y negaron alguna vinculación de estas denuncias con la gestión de Barría.
Sobre el tema, el secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), Alfredo Berrocal, dijo ayer que la denuncia debe ser investigada hasta las últimas consecuencias y se deben aplicar sanciones “ejemplares”.
“Pero a mí no me sorprende que esto se haya dado. Los empleados públicos son víctimas de la partidocracia, de abusos y atropellos como este”, indicó Berrocal, señalando que el cobro de cuotas es un delito de apropiación indebida.
“Este tipo de cobro de cuotas está prohibido independientemente para el beneficio que sea, no solo el político. Eso se sanciona con el despido”, añadió el secretario general de la Fenasep.
Berrocal también señaló que hace unos años atrás se dio un caso similar en el IDAAN, donde los involucrados en el cobro de cuotas a funcionarios eran miembros de uno de los partidos que hoy está en el gobierno y que preside el presidente Ricardo Martinelli, Cambio Democrático.
