La Contraloría General confirmó que encontró, por ahora, una lesión patrimonial de B/ 700 mil en los contratos otorgados por el Ministerio de Educación para remover la fibra de vidrio en diversas escuelas del país.
La investigación surgió luego que Panamá América publicara una serie de reportajes en los que denunció irregularidades en el otorgamiento de los contratos en Bocas del Toro (ver nota del recuadro). El monto total de todo el proyecto ascendió a B/ 10 millones.
Los contratos fueron otorgados de manera directa (sin licitación pública), por el entonces ministro de Educación, Belgis Castro, por instrucciones del presidente Martín Torrijos.
El contralor Carlos Vallarino fue enfático ayer al señalar que tanto el ex ministro Castro como todas las personas que trabajaron en su administración, tendrán que "explicar" y dar sus descargos sobre las irregularidades detectadas en el uso de estos fondos públicos.
Adelantó a Telemetro que aún falta por conocer el resultado de una quinta auditoría que involucra a más de 600 escuelas, incluyendo las de zonas indígenas y montañosas.
"Ya tenemos cuatro informes y está por salir el quinto... estos informes indican irregularidades", sostuvo Vallarino.
Resaltó que la investigación es "muy compleja", debido a que deben medir si se cumplió con los contratos, los registros, las cuentas, si hubo cambios contractuales y cuántos pagos se hicieron a las empresas contratadas.
Vallarino dijo que corresponderá a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades sobre la lesión, luego que se detectaran las irregularidades.
El Meduca pagó por adelantado a las empresas beneficiadas el 40% del monto total de los contratos, para permitir que éstas se capitalizaran y pudieran cumplir con las obras.
Denuncia.Una vez Panamá Américapublicó las notas, el abogado Guillermo Cochez presentó una denuncia criminal contra el ex ministro Castro y los que resulten responsables, por la presunta malversación de fondos públicos.
La investigación la lleva en la actualidad la Fiscalía Segunda Anticorrupción, que pidió a la Contraloría realizar auditorías sobre el uso de estos fondos.
Cochez lamentó que los responsables de "despilfarrar" fondos públicos gocen de libertad y no paguen por el delito en la cárcel.
A juicio de Cochez, el Ministerio Público debe cautelar los bienes de Castro y de sus más cercanos colaboradores, quienes "disfrutan" ahora de propiedades y autos de lujo como los “Hummer”.
