Cerca de ocho instituciones públicas pagarán bonificaciones a sus funcionarios, así como organizarán fiestas de fin de año, con un desembolso superior a los 300 mil dólares.
Entre estas figuran los ministerios de Salud (Minsa), de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y de Relaciones Exteriores, Tribunal Administrativo, Empresa Nacional de Autopistas (ENA), Autoridad de Recursos Acuáticos (Arap) y el Centro Nacional de Metrología de Panamá.
También hay que destacar a la Asamblea Nacional, donde el contralor Federico Humbert ya dio el aval para que se ejecute la licitación de estos beneficios.
En la información divulgada en el portal web Panamá Compra, aparecen descritas las órdenes de compra para libretas de cupones o vales de alimentación.
En casos como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la compra de suministros navideños llegó a sumar 230 mil 400 dólares, el año pasado, y se desconoce a cuánto ascenderá en este 2016.
El ministro Dulcidio De La Guardia había establecido un tope en las celebraciones navideñas, tomando en consideración un monto máximo de 60 dólares por funcionario o un bono de supermercado por la misma cantidad.
Sin embargo, el 26 de octubre pasado la Contraloría General de la República hizo una salvedad en el caso de la Asamblea Nacional, donde en años pasados se distribuyeron 25 mil dólares a los diputados con el mismo fin.
En el mismo año que asumió la administración el presidente Juan Carlos Varela, en 2014, diversos sectores se pronunciaron en desacuerdo con el traslado de 1.5 millones de dólares del Ministerio de Economía y Finanzas a los diputados que habían resultado electos, para que cada uno recibiera 25 mil dólares.
En el Decreto N.° 441-2016-DMySc del 25 de octubre de 2016, se fija una regulación a los donativos y subsidios que podrán otorgar los diputados, mediante presupuesto de la Asamblea Nacional.
Oposición
No obstante, para el abogado experto en contrataciones públicas, Ernesto Cedeño, la acción del contralor no ha sido la correcta y ni siquiera ha debido refrendar los bonos navideños o el tope establecido.
"Es delicado lo que se está haciendo y no solo se favorece el clientelismo, sino también se le quita facultades a otras instituciones; Federico Humbert no está jugando su labor con eficiencia y criterio", dijo el abogado.
En tanto, ayer la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, negó que se vaya a distribuir bonos, al conocerse que reformó una resolución para pagar 300 dólares a 148 funcionarios de alta jerarquía, entre fiscales y algunos directivos de la entidad.
60
dólares por funcionario es el tope de las bonificaciones en las instituciones públicas, establecido el año pasado.
25
mil dólares otorgó el Gobierno a cada diputado en años pasados, en concepto de bonos navideños.
