Transparencia Internacional y la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica advirtieron que la aprobación del proyecto de ley que impide a los ciudadanos presentar denuncias de corrupción sin tener la prueba sumaria, crea una coraza para los funcionarios que se enriquezcan con fondos públicos. Esta opinión es compartida por las directoras ejecutivas de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, y de la Comisión de Justicia y Paz, Angélica Maytín y Maribel Jaén, respectivamente.
La Asamblea Legislativa aprobó, luego que la presidenta Mireya Moscoso vetara el proyecto de ley original, una iniciativa que excluye un artículo introducido por la Procuraduría de la Nación que permitía que los ciudadanos presentaran denuncias de corrupción sin contar con las pruebas sumarias.
Maytín sostuvo que el citado proyecto de ley "dificulta la investigación de casos por delitos de enriquecimiento ilícito" y crea una especie de coraza para proteger esta ilegalidad. Señaló que la propuesta original hacía expedita la investigación de delitos de enriquecimiento ilícito, pero ahora con las reformas que hizo la Asamblea, a solicitud del Ejecutivo, se entorpecen las pesquisas, lo que, según dijo, beneficia básicamente a altos funcionarios.
Reiteró el incumplimiento de algunos funcionarios que aún no han presentado una declaración de bienes patrimoniales a pesar de que la misma es exigida por ley y sin embargo, ninguno ha sido sancionado.
222Critican el proyecto de ley aprobado por la Asamblea que exige a los ciudadanos que denuncien corrupción que presenten las pruebas.
Agregó que para evitar el enriquecimiento ilícito se requiere que funcione en Panamá una oficina parecida a la del "Inspector General" que existe en Estados Unidos y que revisa anualmente la declaración de bienes de los funcionarios para compararla año tras año, con el fin de verificar que éstos declaren aumentos injustificados de su patrimonio.
En tanto, Maribel Jaén calificó como lamentable la medida adoptada por el Legislativo y la presidenta Mireya Moscoso, al reformar la ley que facilitaba la presentación de las denuncias sugerida por el procurador José Antonio Sossa.
Consideró que conocer el manejo de los fondos del Estado, que pertenecen al pueblo panameño, es una responsabilidad de todos.
Jaén estimó que los gobiernos tienen la obligación de trabajar en bien de los panameños y de hacerlo con transparencia, punto que es importante para lograr la credibilidad y la democracia en el país.
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