La Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia acogió una demanda de nulidad contra el contrato de concesión firmado entre el Estado y la empresa Cable & Wireless, presentada por el jurista Guillermo Cochez.
La firma de abogados Cochez, Page y Martínez presentó una demanda de nulidad contra el contrato de administración y operación suscrito entre el Estado y la transnacional para la prestación del servicio telefónico por espacio de 20 años.
En la resolución, que lleva la firma del magistrado Arturo Hoyos, se le conceden cinco días al Ministerio de Economía y Finanzas para que rinda un informe de conducta según lo estipulado en el artículo 33 de la Ley 33 de 1946.
De acuerdo con la demanda, mediante ese contrato, que nunca fue publicado en la Gaceta Oficial para que pudiera entrar en vigencia, Cable & Wireless retiene un aproximado de B/.14 millones por año, que en un término de cinco años aumentará a B/.68 millones, sobre los cuales ni el Estado ni los trabajadores han recibido un solo centavo.
Según la firma Cochez, tras la presentación de la demanda de nulidad, la empresa Cable & Wireless argumentó que no era su responsabilidad hacer publicaciones de sus contratos con el Estado en la Gaceta Oficial, por lo que aceptan que el contrato no entró legalmente en vigencia.
La privatización del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), generó una serie de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad nacional, que argumentaron que esa empresa era altamente rentable y operaba de manera eficiente.
