La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenó restituir en la Caja de Seguro Social (CSS) al médico general Luis Stanziola, quien había sido destituido en 1999 por la supuesta agresión sexual, perpetrada durante la consulta médica, en perjuicio de pacientes mujeres.
El fallo firmado por los magistrados Winston Spadafora, Arturo Hoyos y Adán Arnulfo Arjona declara ilegal las resoluciones de destitución emitidas por la entonces directora de la CSS, Marianela Morales, y ordena la restitución del médico Stanziola, quien laboraba en la Policlínica Dr. Carlos N. Brin de San Francisco.
En el expediente consta que el 25 de marzo de 1998 una paciente denunció que Stanziola la agredió sexualmente durante un examen que se realizó sin la presencia de la asistente de enfermería y con las puertas cerradas. Por esto el médico fue suspendido por 15 días sin derecho a percibir salarios.
El 28 de octubre de 1998 otra paciente se quejó porque supuestamente Stanziola auscultó sus genitales "en forma morbosa". Luego de la última denuncia el pleno de la Junta Asesora Médica recomendó el despido del médico general, tras argumentar que "sería irresponsable y negligente pasar por alto la conducta que el Dr. Stanziola ha presentado en repetidas ocasiones, lo cual significaría exponer a otras pacientes a estas situaciones..." La entonces directora de la CSS acogió esta recomendación y destituyó a Stanziola.
De una vista de la Procuraduría de la Administración se desprende que la conducta de Stanziola es reiterada, debido a que en 1991 y 1994 fueron presentadas denuncias similares, que -pese a no culminarse los procesos- "denota que no se trata de actos aislados que pudieron ser motivo de malas interpretaciones por las aseguradas que recibieron mal servicio".
Sin embargo, la defensa legal de Stanziola interpuso una demanda de nulidad contra las resoluciones de la CSS que lo destituyen. Entre los argumentos resaltan que supuestamente Stanziola no tuvo oportunidad de presentar pruebas de descargos, que las denuncias planteaban cuestiones "subjetiva caprichosas" que coartan o limitan la autonomía y profesional del médico, y que existían presuntos errores administrativos en la presentación de las denuncias.
Igualmente, el médico alegó que la auxiliar de enfermería que respaldó la primera denuncia interpuesta en su contra en 1998 es una funcionaria conflictiva que además es su enemiga. Stanziola también argumentó que fue víctima de la persecución y enemistad de algunos colegas quienes han aprovechado la menor queja, fundada o no, para perseguir su destitución.
En tanto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia consideró que las pruebas aportadas contra el médico no representan argumentos suficientes para destituir a un profesional de la medicina.
Algunos aducen que se les cobra la tarifa mediante facturación del IDAAN y no se les recoge periódicamente la basura como debe ser, lo que ha motivado airadas protestas ante las autoridades, solicitando la anulación del contrato debido a la deficiencia del servicio.
Pese a las presiones, aún la empresa continúa operando, pero bajo la administración de la Caja del Seguro Social, institución que ordenó el secuestro por una deuda de unos B/.160 mil de la cuota obrero patronal.
Al respecto, el nuevo administrador judicial asignado por la CSS, Olmedo Guillén, sostiene que se han hecho ingentes esfuerzos por mejorar el servicio de aseo en la comunidad, a pesar de que un porcentaje de residentes se niega a pagar el servicio, sumando una deuda de B/.600 mil.
Reveló que la empresa debe más de B/.3 millones a los acreedores, proveedores e instituciones financieras, situación que la obligó a reducir el personal, al igual que poner en práctica estrategias efectivas para no declararse en quiebra.
Este es un sector que en las últimas semanas ha sido punto de debate y discusiones. Lo que hasta hace poco fue la alternativa para los residentes al momento de desplazarse a la capital, los llamados "taxis piratas", fueron prohibidos por la Autoridad Nacional del Tránsito, aduciendo competencia desleal.
En torno a este tema, Rubén Darío Bozzi, vocero de los transportistas de la Gran Terminal, reconoció que las rutas y el número de unidades del transporte colectivo en el distrito deben aumentar, pero requieren del apoyo del gobierno para mejorar y modernizar el servicio.
Bozzi mencionó además la falta de rehabilitación de las calles, sobre todo en las áreas revertidas ubicadas a sólo 10 minutos de la ciudad capital, donde los residentes no cuentan con calles de acceso y el 60% de las vías son caminos de tierra en condiciones deplorables.
La proliferación de cantinas y parrilladas, ha provocado un incremento en el consumo de alcohol entre la población, según fuentes consultadas. No obstante, en el renglón de seguridad, el subcomisionado de la Policía Nacional de Arraiján, Víctor Casanova, reveló que durante el mes de abril 2001 se cometieron 273 delitos de diversa índole, mientras que en el mismo mes de este año se reportaron 249.
Indicó que la Policía Nacional ha puesto en práctica medidas efectivas de prevención, principalmente en los lugares de mayor incidencia como lo son Arraiján cabecera, Vista Alegre y Nuevo Arraiján, lo que incluye operativos, programas tales como vecinos vigilantes, policías comunitarios, entre otros, dirigidos a disminuir la criminalidad en el distrito.
Sostuvo además que la Policía Nacional, debido al incremento de casos delictivos en el distrito de Arraiján como consecuencia del aumento de población en los últimos 10 años, optó por dividir la zona policial del sector oeste en el distrito de La Chorrera y Arraiján, así como la creación de estaciones de policía en diferentes áreas.
Señaló que convertir el nuevo cuartel de la policía de Arraiján en zona policial representa simultáneamente el aumento de equipos y unidades, aunque para poder disminuir los altos índices de la delincuencia en el distrito se requiere de la participación de toda la sociedad en general.
Un grupo interdisciplinario de la Fundación Voz de Arraiján, presidida por el abogado Dagoberto Franco, tiene previsto realizar un estudio exhaustivo para conocer de forma integral las necesidades más apremiantes de los residentes del distrito.
De acuerdo con Franco, el análisis se hará de manera voluntaria en el campo, abarcando todo el distrito para detectar las áreas que presentan los más altos niveles de criminalidad, los sectores incomunicados por la falta de vías de acceso en condiciones estables y dónde se acumula la mayor cantidad de basura.
Dijo que se utilizará el recurso humano disponible, con miras a concienciar a la comunidad para que participe activamente, para su propio beneficio, en la solución de los problemas sociales, especialmente los sectores marginados.
Destacó que la fundación no tiene la capacidad de resolver en su totalidad los problemas, pero se dedica a brindar el apoyo a aquéllos que desesperadamente requieren de una orientación.
Señaló que el propósito de la fundación es incorporar a la comunidad para que participe en la solución de sus propios problemas, solicitando la contribución de las autoridades para proporcionar los recursos necesarios.
Reconoció que Arraiján actualmente se sumerge en un mar de necesidades tales como la falta de una vivienda digna, la escasez del agua potable, el insuficiente servicio eléctrico, el hacinamiento por la falta de espacio físico en hogares y las invasiones de tierra promovidas por familias en condiciones de extrema pobreza.
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