La Corte Suprema de Justicia negó la suspensión provisional de los efectos del acuerdo No.1 de 24 de diciembre de 2002, emitido por el Tribunal Electoral (TE) por el cual se dejó sin efecto el contrato con la empresa Unisys World Trade Inc. para la emisión de cédulas.
A raíz de una demanda de nulidad presentada por Unisys contra la resolución emitida por el TE, se solicitó a los magistrados de la Sala Tercera Contencioso Administrativa que suspendieran provisionalmente la decisión.
No obstante, los magistrados consideraron no suspender provisionalmente la decisión asumida por el TE, pero sin entrar a resolver el fondo de la demanda presentada por la empresa Unisys. La suspensión del contrato entre el TE y Unisys se produjo tras la sustracción de unas 9,500 tarjetas bases para la elaboración de cédulas, en lo que se estima se trató de un acto de negligencia por parte de Unisys al no destruirlas.
Esta situación se detectó cuando unidades de la Dirección de Investigación e Información Policial (DIIP) detuvieron a un ciudadano de origen colombiano con unas 100 tarjetas bases de cédula, que presuntamente serían entregadas a ciudadanos dominicanos y asiáticos que se encuentran ilegalmente en el país.
Actualmente esta investigación se encuentra en manos del fiscal primero de circuito, Arquímedes Sáenz, quien ha solicitado la práctica de una serie de pruebas, entre las que se incluyen la toma de declaraciones a los encargados de manejar la seguridad en la empresa Unisys. Debido a la sustracción de las tarjetas bases, el TE decidió reemplazar todas las cédulas que tienen la imagen del Canal de Panamá.
Dentro de las pesquisas adelantadas por el Ministerio Público se logró establecer que las tarjetas bases alteradas eran entregadas a ciudadanos de origen dominicano en una sala de belleza ubicada en el centro comercial Los Pueblos, que fue allanada.
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