La Corte Suprema de Justicia negó el pago de B/. 750 mil en indemnizaciones a trabajador del ex Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) tras presentar padecimientos presuntamente ocasionados por sustancias existentes producidas durante el ejercicio de sus funciones.
Según la decisión de la máxima corporación de justicia, las pretensiones expresadas por el representante legal de Edgar Javier Aulestia carecen de sustento jurídico, razón por la cual de modo alguno se puede condenar al Estado a pagar la indemnización que por daños y perjuicios solicita el demandante.
También señala que al examinar el expediente el demandante sólo se limita a exponer los hechos en que fundamenta la demanda y enunciar las disposiciones que considera son el fundamento de derecho, mas no existe argumentación jurídica que los sustente.
Establece que según consta en el expediente, el INTEL certificó que Edgar Aulestia inició labores en esa institución, pero a los cinco meses de haber comenzado agotó el fondo por enfermedad y éste no acudió a los tribunales de trabajo correspondientes.
A la vez señala que la comisión de prestaciones de invalidez de la Caja de Seguro Social reconoció al afectado una pensión de invalidez por un término de 24 meses por la suma de B/.520 mensual y el fondo complementario de prestaciones sociales de los servidores públicos de misma institución reconoció un concepto de pensión de invalidez por la suma de B/. 350.
Por otro lado señala que dentro de las sumarias no existe constancia que haya ejercitado una acción ante los tribunales de trabajo en tiempo oportuno y la ley establece que la responsabilidad del empleador es de orden laboral, por lo que la actuación del trabajador debió fundamentarse en ellas.
Una mujer poco antes de su fallecimiento presentó una demanda contra el INTEL por supuestamente haberse expuesto a agentes contaminantes en su centro de trabajo.
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