La Corte Suprema de Justicia acogió una demanda contencioso administrativa de nulidad contra el nombramiento de Moisés Mizrachi como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal realizado en el año de 1997.
La máxima corporación de justicia solicitó al Presidente del Consejo de Gabinete que rinda un informe de conducta dentro de un término de cinco días, según lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 33 de 1946.
También se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración Alma Montenegro de Fletcher para que emita una opinión en cuanto a la validez del nombramiento de Mizrachi en la Autoridad del Canal.
El abogado Darío Eugenio Carrillo presentó un recurso de nulidad contra la designación de Mizrachi bajo el argumento que éste no mantenía los requerimientos necesarios para el desempeño de esa función.
También entre los argumentos esgrimidos por el abogado Carrillo se encuentran una serie de acusaciones y procesos judiciales interpuesto contra Mizrachi por la presunta comisión de una serie de actos irregulares.
La designación de Mizrachi también fue cuestionado por sectores políticos por su presunto parentesco con el Presidente de la República Ernesto Pérez Balladares y que por ello fue nombrado en ese cargo.
Sin embargo, a pesar de la críticas realizadas y las denuncias presentadas en su contra Mizrachi ha permanecido dentro de la Autoridad del Canal. Los nombramientos dentro de esta dependencia son por un término de 10 años.
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