Los procesos judiciales por la desaparición y muerte de opositores a la dictadura militar serán presentados ante la justicia internacional, debido a las "decisiones infantiles" del Ministerio Público y los tribunales, advirtió ayer el presidente de la Comisión de la Verdad, Alberto Almanza.
Aseguró que las decisiones asumidas en los últimos meses por los tribunales, al rechazar la reapertura de la investigación por la muerte de Rubén Miró, Genaro César Sarmiento y Narciso Cubas Pérez, demuestran un retroceso jurídico.
Alegó que ante estas decisiones "sin fundamento jurídico", se hace necesario mantener en operación a la Comisión de la Verdad para garantizar que se haga justicia a las víctimas y poder denunciar ante los foros locales y extranjeros tan deshumanizadas decisiones.
A manera de ejemplo, Almanza presentó la resolución en donde el Segundo Tribunal Superior de Justicia ordena al fiscal superior especial, Cristóbal Arboleda, iniciar las sumarias por la muerte de José Del Carmen Tuñón y cómo este funcionario, en abierta discrepancia, apela esta decisión.
En la resolución, el tribunal rechazó la petición de Arboleda para declarar prescrita la acción penal en el homicidio de Tuñón. A juicio del tribunal, en el expediente la fiscalía sólo aportó el certificado de nacimiento del occiso.
Por su parte, Gabriel Miró, hijo del desaparecido dirigente político Rubén Miró, dijo que llevará su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar una denuncia contra el Estado panameño por la negativa de las autoridades a investigar este homicidio.
Hasta ahora, de los 16 expedientes remitidos con solicitud de reapertura por parte de la Comisión de la Verdad al Ministerio Público, sólo el relacionado con la muerte de Alcibiades Betancourth ha sido enviado a los tribunales con una petición de reapertura. Mientras que los expedientes de Narciso Cubas Pérez, Rubén Miró, Genaro César Sarmiento y José Del Carmen Tuñón existen peticiones de prescripción por parte del Ministerio Público.
Sin embargo, de comprobarse la veracidad del delito y su vinculación en el mismo, de acuerdo a lo establecido en el código fiscal éstos tendrán la responsabilidad de cancelar de 2 a 5 veces más el costo de la carga que llevaban.
Esta es la segunda vez en menos de seis meses, en que autoridades del gobierno, investigan contrabando de arroz. En la primera denuncia, productores y molineros involucraron a un legislador de la República que pilaba el grano en los silos del IMA; mientras que ahora se menciona a una cadena de supermercados.
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