La Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados de Panamá (MENAMIRA) criticó la poca efectividad de los Decretos de Seguridad y pidió el reforzamiento de la seguridad en la frontera con Colombia.
Los cuestionamientos surgen tras el asesinato de Aurelio Graciano Sepúlveda, protegido temporal humanitario en la región de Boca de Cupe, en Darién, el pasado miércoles por las Fuerzas Armadas Revolucionaria Colombiana (FARC).
MENAMIRA hizo un llamado de atención a las autoridades panameñas para que activen los acuerdos binacionales que se pactaron entre los años 2006 - 2008, en los que el Gobierno se comprometió a buscar una solución a la migración de las personas con la condición de Protegidos Temporales Humanitarios (PTH).
Los PTH son todas aquellas personas que no reúnen la condición de refugiados y que el Estado los acoge y se compromete a vigilar su seguridad dentro del país; sin embargo, "los últimos hechos acontecidos muestra la inseguridad que impera en la zona fronteriza".
La agrupación advirtió, a través de un comunicado, que si el Estado hubiera cumplido con lo pactado en los acuerdos, Sepúlveda no estaría muerto y sus cinco hijos y esposa se hubieran alejado del lugar de extrema de peligrosidad.
Los PTH piden a las autoridades que se establezcan controles reales de seguridad en la zona fronteriza y se brinde protección a sus familiares.
Igualmente, solicitan que la Policía de Frontera se ubique estratégicamente en las áreas de entrada y salida de los grupos armados y no en los poblados.
