El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell, dijo que las duras críticas lanzadas por el Consejo Anticorrupción contra la Sala Tercera son recibidas con "mucho respeto", aunque sólo con "carácter receptivo".
Mitchell negó que existan instrumentos jurídicos que permitan la revisión de las decisiones de las Salas de la Corte, debido a que "son definitivas y de obligatorio cumplimiento".
Las declaraciones de Mitchell se dan luego de que la secretaria ejecutiva del Consejo Anticorrupción, Alma Montenegro de Fletcher, señalara que el fallo que obliga al Banco Nacional de Panamá (BNP) a pagar más de B/ 5.3 millones a la empresa constructora Urupan, crea "dudas y vacíos".
En su pronunciamiento, Fletcher también advirtió que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo violó las disposiciones en los trámites de peritaje y determinación de la cuantía de la liquidación, al no exigir a Urupan pruebas de los daños económicos supuestamente sufridos.
Ante estos señalamientos, el magistrado de la Sala Tercera, Víctor Benavides, justificó la decisión judicial aduciendo que se hizo un "análisis profundo" sobre las razones por las cuales la entidad bancaria estatal debe cumplir con la disposición.
"Se considera que es un monto exagerado, pero esa fue una decisión de la Corte, luego de un análisis exhaustivo de los argumentos que presentó la empresa y por ende, el banco tendrá que cumplir", sostuvo Benavides.
Proceso.
Urupan acusó al BNP, a cargo en ese momento de Bolívar Pariente, de actuar "arbitrariamente" al cancelarle contratos suscritos en el 2000.
La ley establece que de comprobarse que por abuso en el ejercicio de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes de un servidor público ocasiona pérdidas económicas al Estado, se le aplicará el Artículo 2462 del Código Judicial.
Este artículo señala que el efecto será imponerles la sanción correspondiente y de que "resarzan los perjuicios" que hayan causados con sus abusos y omisiones.
Pariente ordenó anular en su momento tres contratos con Urupan indicando "incumplimiento, atrasos y excesivas solicitudes de prórrogas".
Sin embargo, la entidad bancaria prestó a Urupan B/ 300 mil para que iniciara las obras de los tres contratos en Pedasí, Ocú y Chitré.
Auditoría.
La secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, lamentó que no exista un proceso legal para auditar los fallos de las Salas, aunque se detecten supuestas irregularidades.
"Si se audita a los jueces por aparentes dudas en sus manejos en los expedientes, entonces quién audita la Sala Tercera y a la propia Corte", planteó Castillo.
