La política del Gobierno panameño de no concederle a los desplazados colombianos el status legal de refugiados, ha impedido que organismos internacionales ofrezcan el apoyo económico y humanitario a esta población, afirmó ayer el presidente de la Coordinadora Popular por los Derechos Humanos de Panamá, Conrado Sanjur.
Indicó que a pesar que el traslado de estas personas se da en función de lo que para ellos significa el conflicto armado interno que viven en su país, el Gobierno panameño no le reconoce la calidad de refugiados a los colombianos que se trasladan a Panamá, a través de la frontera.
Explicó que al no concedérsele ese status le crean dificultades a esa población, porque el ser refugiado le da un reconocimiento legal y por lo tanto responsabilidades del Gobierno con respecto a ellos.
Aseguró que al no tener la población esa posición, eso le resta perfil y vigencia ante instancias internacionales como ACNUR, de asumir con mayor fuerza su mandato de garantizar la protección y el seguimiento a esa población.
Mas por el contrario, enfatizó que el Gobierno está criticando la ayuda que algunos organismos internacionales han podido conceder a Panamá para los refugiados, a través de organizaciones no gubernamentales.
Dijo que hay organizaciones internacionales preocupadas por los refugiados de la región, con interés de brindar su apoyo, pero se ven impedidos de hacerlo por esa falta de reconocimiento como tal, haciendo imposible que éstos se hagan presentes aquí en Panamá.
Manifestó que es sabido que la política del Gobierno es desconocer esa realidad y por lo contrario ha promovido acciones de deportación, incluso forzada.
Precisó que esa política se mantiene, en los dos últimos meses del año el Gobierno se dispone a desplazar a una cantidad significativa de colombianos que viven en poblaciones de Darién, como Puerto Obaldía, Jaqué y Yaviza.
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