Después de tres años y 10 meses de que Ricardo Vargas fue elegido defensor del Pueblo, miembros de la sociedad civil y expertos en la materia consideran que su administración no actuó con rapidez ante las violaciones de los derechos humanos.
El presidente del Centro de Estudios y Acción Social, Raúl Leis, consideró que la sociedad civil siempre presiona a la Defensoría para que haga su trabajo.
En tanto, para el primer defensor del Pueblo, Ítalo Antinori, “la Defensoría no ve, no oye, no habla”.
Agregó que es facultad del defensor inspeccionar cualquier institución pública, incluidas las penitenciarias y las policiales.
Mientras que Vargas reconoció que los avances en materia de derechos humanos han sido mínimos, como por ejemplo en la libertad de expresión.
Vargas debe dejar el cargo el próximo 1 de abril, para que tome posesión Patria Portugal.
